Puebla, Pue., La decisión de trasladar el Parque Ecológico y de Reciclaje –rechazado por pueblos del estado de Hidalgo en consulta ciudadana– al municipio poblano de San José Chiapa, activó alarmas en una región que, históricamente, ha defendido su agua frente a embotelladoras, granjas industriales y despojos territoriales.

La tensión escala al acercarse el 25 de enero, cuando se celebrará una asamblea pública en el zócalo de Soltepec, donde ejidatarios y colectivos sociales buscarán organizarse para resistir la imposición de un “megabasurero”.

El proyecto, anunciado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contempla una inversión de mil 720 millones de pesos y se presenta como un “parque industrial de economía circular” que procesará residuos mediante pirólisis y tratamiento de lodos.

Sin embargo, el proyecto genera dudas que campesinos poblanos no están dispuestos a ignorar, sobre todo porque la consulta pública celebrada en territorio hidalguense reveló que el sitio no sólo procesaría basura local, sino que recibiría desechos de la capital del país y del estado de México.

Agricultores de Soltepec y San José Chiapa consideran que si el proyecto fuera tan “bueno” y tan “verde”, no se habría rechazado en Hidalgo.

Un historial de agravios

Pobladores denuncian que se intenta reproducir el modelo que fracasó en Calpan, donde un relleno sanitario inaugurado en 2016, con una vida útil proyectada de 12 años, colapsó en ocho, filtró lixiviados al subsuelo y contaminó mantos acuíferos que alimentan a los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula, conurbados a la ciudad de Puebla.

“Vimos cómo los pueblos cholultecas tuvieron que levantarse, sufrir represión policial y enfrentar procesos penales para cerrar ese foco de infección; ahora ese mismo modelo de desechos que corrieron de Calpan y de Huehuetla nos lo quieren imponer aquí”, señaló uno de los organizadores del foro en Soltepec, quien pidió el anonimato por el clima de hostilidad en la zona.

El estado de Puebla arrastra una crisis ambiental e hídrica que los pobladores califican de sin precedentes, con los ríos Atoyac y Alseseca convertidos en alcantarillas industriales y la Cuenca Libres-Oriental asediada por la extracción desmedida de agua a manos de la empresa Granjas Carroll.

En ese contexto, la instalación de un centro de reciclaje de gran escala es percibida como la “estocada final” contra el territorio y sus acuíferos, pues la región ya enfrenta presiones acumuladas por proyectos industriales y agropecuarios que han reducido la disponibilidad de agua para localidades agrarias.

Coyotes de la tierra y el negocio de la especulación

Entre las denuncias que circulan entre ejidatarios destaca la presencia de coyotes, gestores que según testimonios, están “apurados” comprando tierras en Soltepec.

Este es un movimiento estratégico: el gobierno posee ya extensas superficies en San José Chiapa, las mismas que el fallecido gobernador Rafael Moreno Valle expropió para la instalación de una planta del consorcio automotriz Audi, pero ahora parecería evitar que el basurero se ubique junto a la armadora alemana, desplazando el posible “foco contaminante” hacia municipios vecinos.

Pobladores señalan que, aunque presidentes municipales y comisarios ejidales habrían dado su visto bueno al llamado Polo de Desarrollo para el Bienestar, la base campesina insiste en que no ha sido consultada de manera directa, ni informada con claridad sobre el alcance del proyecto.

La resistencia que actualmente se gesta tiene raíces profundas en la Cuenca Libres–Oriental, donde los pobladores recuerdan con orgullo que en la década de 1990 frenaron el Plan Moctezuma, durante la administración de Manuel Bartlett, quien pretendía trasladar agua de la región hacia la capital poblana.

Más recientemente, en 2015, el pueblo de Ocotepec logró expulsar a la embotelladora Coca-Cola, lo que reforzó un historial de luchas comunitarias contra proyectos que consideran de saqueo hídrico y ambiental.