Mexicali, BC., A pesar de la condición laboral de los jornaleros y su relación con las empresas y ranchos, en el municipio de San Quintín no existen oficinas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal.

Por eso, en caso de revisiones federales en centros de trabajo para detectar anomalías de patrones y condiciones generales, las inspecciones se hacen con personal adscrito a los municipios de Ensenada y Tijuana, en ocasiones de Mexicali.

Ante la situación, los operativos federales en campos agrícolas de la demarcación son importantes, lo que impulsa a los mayordomos de ranchos a ocultar a trabajadores irregulares. Al momento opera en San Quintín una oficina de Conciliación de la STPS estatal para atender los recursos que presenten los empleados, quienes la mayoría de las veces reciben acompañamiento jurídico de organizaciones sociales.

Esa oficina, que cuenta con alrededor de 10 empleados, lleva a cabo inspecciones aleatorias o por denuncias expresas contra un rancho. También programa al año hasta cuatro operativos estatales en empresas y granjas en los que participa un equipo de 20 vigiladores, la mitad proveniente de otros municipios.

En este contexto, el titular de la STPS de Baja California, Alejandro Arregui, expuso que decenas de enganchadores y mayordomos de la zona agrícola de San Quintín aplican la modalidad de trabajo “saliendo y pagando” con la complacencia de los patrones, conducta que se ubica en los límites de ser considerada trata de personas.

En entrevista, Arregui señaló que de esta forma se evade a la Ley Federal del Trabajo, pues un enganchador lleva a un grupo de personas a un rancho determinado para realizar actividades sin ofrecer protección alguna a sus derechos, sin prestaciones ni seguridad social, y con un pago diario en efectivo.

Dijo que se imponen multas por violaciones a la ley, “enviamos a todos los inspectores del estado a hacer revisiones tres o cuatro veces al año, y permanecen en San Quintín varias semanas, pero si saben que estamos en algún rancho, no los llevan (a los jornaleros) esos días”.

Apuntó: “hacemos la parte al interior del centro de trabajo, que es adonde se limita nuestra competencia, pero no podemos sancionar si los trabajadores no están ahí durante de la inspección”, expuso.

Para Arregui el problema debe atenderse de manera integral e interinstitucional, incluyendo la regulación del transporte que mueve a los empleados y la relación de éstos con los ranchos y empresas.

La mayoría de los ranchos de la zona usan el esquema “saliendo y pagando”, entre ellos la empresa Berrymex –que cultiva fresa, frambuesa, arándano y zarzamora–, Rancho Los Pinos y Vicente Camalú, advirtió a su vez el jornalero originario de la región triqui de Oaxaca, Venustiano Hernández, quien fue activista en la huelga de San Quintín durante marzo de 2015.

Concluido ese paro laboral, el gobierno aumentó el salario mínimo diario por la presión social resultado del movimiento jornalero, que tuvo impacto nacional, pero en Baja California al final subió la cantidad de trabajo a cambio de sueldos bajos.

“A la Ley Federal del Trabajo la usan como algo para deslindarse, hacen contratos de tres meses, los trabajas y pierdes antigüedad, quedamos en la misma situación, mal pagados y no hay nada positivo en seguridad social”, dijo Hernández.

Al momento, los voceros de la huelga ya no trabajan en el campo, y los jornaleros que participaron en el movimiento difícilmente obtienen empleo, por estar en una lista negra. “Sí nos ha afectado”, comentó Hernández en el pódcast Diez años después: jornaleros entre los acuerdos y la realidad, que conduce Lenin Escobar, regidor del ayuntamiento de San Quintín.

Explicó que en la modalidad “saliendo y pagando”, “vas en la mañana, trabajas y al salir te pagan lo que hiciste, pero está mal pagado porque si no eres rápido obtienes 200 pesos al día, a los jornaleros y jornaleras de más de 50 años no les rinde el trabajo. No es justo, hay mucha desigualdad, no hay afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social ni antigüedad y, además del ‘saliendo y pagando’ que usa la mayoría de ranchos, hay empresas agrícolas que te contratan sin prestaciones y sin talón de pago”.

“Maquillan condiciones”

Sostuvo que esta situación “es culpa de los propietarios, por maquillar las condiciones laborales y el número de puestos de trabajo; de los trabajadores por aceptar y no denunciar ilegalidades; y del gobierno, que debe supervisar y no estar en complicidad con los patrones. Los rancheros saben cuándo son las inspecciones y descansan a sus trabajadores en situación ilegal una o dos semanas, hasta nuevo aviso”.

Fuentes consultadas informaron que los enganchadores marcan un punto en las inmediaciones de la carretera Transpeninsular o en lugares públicos para recoger jornaleros y trasladarlos en autobuses a ranchos para la pizca de frutos y vegetales, la mayoría destinados para el mercado de Estados Unidos.

Los enganchadores retienen a cada jornalero un porcentaje de las percepciones que recibe por su mano de obra a destajo, y por el costo de trasladarlo. Su jornal es de ocho horas y se puede extender a 12 o 13, a solicitud de los mayordomos.

San Quintín fue delegación municipal de Ensenada hasta el 28 de febrero de 2020, cuando se convirtió en un municipio aparte con una extensión de 35 mil kilómetros cuadrados y más de 100 mil habitantes.

La mayoría de su población es indígena originaria del pueblo yumano –familia de grupos étnicos que habitan la región desértica fronteriza entre California y Arizona (Estados Unidos) y Baja California y Sonora (México)–, sobre todo kiliwas y cochimis, así como de origen mixteco, zapoteca y triqui, producto de la migración agrícola. Se calcula que hasta 80 mil jornaleros laboran en campos del Valle de San Quintín, según las temporadas.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal asegura que el Valle de San Quintín genera más de la mitad de la producción agrícola de Baja California, al obtenerse ahí 390 mil toneladas anuales de cultivos como frutos rojos, tomate y cebollín, sembrados en 11 mil 390 hectáreas.