El ex diputado local del PAN Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo evitó cumplir las sanciones que le impuso en octubre pasado la Comisión de Justicia del Consejo Nacional de su partido por actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en contra de una ex militante del blanquiazul.

Bonilla, quien aspiró a la dirigencia de Acción Nacional en la Ciudad de México en 2018, alegó ante el órgano jurisdiccional del partido que esas mismas sanciones –que consistieron en una disculpa pública, la prohibición de acercarse a la víctima y tomar capacitación sobre perspectiva de género– fueron cumplidas dentro de un proceso en tribunales del Poder Judicial local.

Aun cuando dicha respuesta se entregó fuera del plazo que le impuso la Comisión de Justicia para dar cumplimiento a los resolutivos, dicha instancia consideró válido el argumento y determinó dar por cumplida la sentencia y tener el caso “como asunto total y definitivamente concluido”.

Para la víctima, sin embargo, al dar por satisfechas las obligaciones impuestas a Bonilla, con actos de 2024 en un ámbito completamente distinto, la instancia intrapartidaria omitió realizar un análisis del cumplimiento bajo parámetros que verifiquen la eficacia de sus propias determinaciones ante hechos que ella misma consideró “una falta grave en materia de violencia política de género”, como alcanzar su finalidad reparadora, preventiva y de no repetición y el principio de seguridad jurídica de la agraviada.

Advirtió que mientras ella vio restringido su derecho a la participación política al tener que renunciar al partido, Bonilla podrá continuar sus actividades partidistas.

Bonilla, quien fue diputado local de 2000 a 2003 y de 2006 a 2009, tenía un plazo de 15 días naturales a partir de que la sentencia quedó firme el pasado 23 de octubre, para dar cumplimiento a la disculpa pública mediante una publicación en algún medio con costo a su cargo e informar sobre el nombre del curso que tomaría y la institución que lo imparte.

Fue hasta el pasado 6 de enero cuando respondió a la Comisión de Justicia que atender la sentencia vulneraría el principio de no ser sancionado dos veces por el mismo hecho, con lo que la víctima advirtió que “prácticamente le dio la vuelta”.