l menos 2 mil huertas de aguacate del estado de Michoacán no pueden exportar el producto a Estados Unidos debido a que sus cultivos fueron levantados mediante la deforestación de áreas boscosas, algunas de las cuales tienen un valor ecológico incalculable en tanto sirven como santuario durante la migración de la mariposa monarca. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) exige que 100 por ciento del fruto exportado a nuestro país vecino del norte esté certificado en el cumplimiento de requisitos ambientales, en particular, que no provenga de predios deforestados de manera ilegal. En este sentido, cabe destacar que las huertas sancionadas representan apenas el 3.45 por ciento de las existentes en la entidad, y que en la actualidad se dispone de una tecnología para monitorear en tiempo real la tala irregular en las zonas aguacateras de Michoacán.
La severidad con que Washington vigila y restringe la cuarta mayor agroexportación mexicana contrasta con el desmantelamiento de todas las protecciones al medio ambiente, que es uno de los principales ejes del gobierno de Donald Trump. Desde que volvió a la Casa Blanca hace un año, el magnate ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo de París (el más importante instrumento multilateral para luchar contra el cambio climático), así como de todas las agencias de la ONU relacionadas con temas ambientales; ha eliminado la protección de áreas naturales a fin de permitir la extracción de hidrocarburos; ordenado el cierre de plantas de generación de energías renovables (con una guerra personal contra la eólica, a la que considera “antiestética”) y hasta llamado a talar árboles dentro de su país para evitar las importaciones de madera.
Sin embargo, la hipocresía estadunidense y su uso de la agenda ambiental como un mero pretexto para ejercer presiones y chantajes sobre la economía mexicana no borran el hecho de que el cultivo descontrolado de aguacate para exportación es un problema de primer orden tanto para el campo nacional como de cara a la crisis hídrica que padece nuestro país. Cada año, hasta 20 mil hectáreas de bosques son sustituidas por plantaciones de aguacate sólo en el estado de Michoacán, lo cual supone casi la mitad de toda la deforestación causada por la agricultura a nivel nacional. Crecer un solo aguacate hasta sus dimensiones comerciales requiere alrededor de 220 litros de agua; un kilogramo del fruto absorbe casi mil 200 litros del líquido y los 1.8 millones de toneladas de aguacate que se producen cada año en Michoacán consumen tanta agua como la ciudad de Morelia en 15 años. Más allá de las dificultades de acceso al agua que se presentan cada temporada de sequía en decenas de ciudades del país –y que en algunas regiones son permanentes–, el acaparamiento del líquido para la producción de aguacate ya da pie a conflictos directos entre comunidades, como ocurre en la zona limítrofe entre Morelos y Puebla desde que comenzó a cultivarse el fruto.
En suma, el cultivo del denominado “oro verde” genera problemas ambientales y sociales que no se cuantifican al calcular los ingresos de su venta en los mercados nacional y global. Asimismo, consume recursos que podrían utilizarse en la producción de alimentos básicos que apuntalen la soberanía alimentaria y contribuyan a la nutrición de los mexicanos en lugar de generar ganancias para unos pocos dueños de la agroindustria. Por ello, es indispensable equilibrar los beneficios económicos derivados del sector aguacatero con sus impactos sobre la naturaleza, las comunidades y las ciudades, pues la actividad económica no puede desligarse de sus consecuencias deseadas e indeseadas.
