a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió ayer con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, coordinada por Pablo Gómez Álvarez, a fin de recibir de dicho grupo de trabajo las conclusiones para la elaboración del proyecto legislativo con el que se buscará transformar el sistema comicial del país. Tras el encuentro, los coordinadores parlamentarios de Morena, Adán Augusto López Hernández, del Senado de la República, y Ricardo Monreal Ávila, de la Cámara de Diputados, manifestaron que la mandataria ha insistido en la necesidad de encontrar mecanismos que permitan una participación ciudadana efectiva en decisiones de interés nacional y que la propuesta estará orientada a fortalecer la democracia participativa, mediante instrumentos como las consultas populares. Asimismo, afirmaron que la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra garantizada, pero no ofrecieron más detalles sobre la iniciativa que se presentará a inicios de febrero.
Entre los puntos centrales, y a la vez controversiales, que se han puesto sobre la mesa para reformar el sistema político-electoral del país se encuentran la reducción en el número de diputados y senadores, la eliminación de los legisladores plurinominales, la desaparición de los 32 organismos públicos locales electorales (Oples), la racionalización del gasto del INE y el recorte a las asignaciones a los partidos políticos, que este año ascienden a 14 mil 99 y 7 mil 737 millones de pesos, respectivamente. A estas cifras deben añadirse los 3 mil 749 millones de pesos destinados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el financiamiento a los Oples.
Lamentablemente, no pocos funcionarios, representantes y políticos reaccionan a la impostergable necesidad de sanear un entramado institucional con tantas deficiencias con cálculos egoístas que ponen los intereses individuales y facciosos por encima del bien común y la de la construcción de la democracia. Así, el consejero del INE Martín Faz Mora propuso indexar el presupuesto del organismo al crecimiento del PIB, un despropósito por donde se le vea: hacerlo significaría que cada año el pueblo mexicano entregue más recursos a los consejeros, sin importar si hay razones que lo justifiquen, como sucede en la actualidad con el presupuesto de los partidos políticos. Debe recordarse que éste se calcula con una fórmula atada al tamaño del padrón electoral, por lo que las formaciones reciben en cada ejercicio más dinero, aunque carezcan de militancia, la cual es una de las principales razones de que personas con más ambición que escrúpulos hagan de la política un negocio. Una mezquindad semejante exhibió ayer el coordinador del Partido del Trabajo en San Lázaro, Reginaldo Sandoval Flores, quien cuestionó la necesidad de llevar a cabo una modificación electoral si con las reglas vigentes la coalición a la que pertenece ya controla los poderes Ejecutivo y Legislativo. Sandoval y quienes piensan como él tendrían que saber que el objetivo de la reforma no es entregar votos a uno u otro grupo, sino consumar la construcción de una soberanía popular actualmente constreñida por un sistema electoral diseñado bajo criterios tecnocráticos y neoliberales; es decir, no para empoderar al pueblo, sino para excluirlo de la toma de decisiones.
Más allá de las dudas que suscitan medidas como la eliminación de los escaños plurinominales, la cual afectaría de manera inevitable a la representatividad del Congreso y debilitaría la capacidad de las minorías para llevar sus demandas a la arena política, es imperativo debatir la iniciativa de reforma que se presente el mes entrante con altura de miras, espíritu democrático y, ante todo, con el interés común y la soberanía popular como guías irrenunciables.
