Las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), contra tres instituciones financieras mexicanas no sólo pusieron bajo escrutinio a los casos señalados, obligaron a todo el sistema financiero del país a cerrar filas y reforzar sus controles de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ante el riesgo de afectaciones operativas, legales y reputacionales.

A decir de las autoridades del sistema financiero nacional, en este momento ya no hay señales de que el gobierno estadunidense investigue a más entidades; sin embargo, los señalamientos del FinCEN funcionaron como una especie de alerta que llevó a bancos, intermediarios y entidades de la administración pública a revisar de manera integral sus procesos de cumplimiento, fortalecer los mecanismos de monitoreo de operaciones y elevar los estándares de control interno.

El caso penetró en lo más profundo del sistema financiero y entre las acciones que tomarán los bancos para mejorar la confianza, desde mediados del siguiente año tendrán como obligación identificar a las personas que depositan y retiran efectivo por un monto igual o superior a los 140 mil pesos.

Fue a finales de junio cuando el FinCEN acusó a Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, de facilitar actividades de lavado de dinero para organizaciones criminales, por un monto de, al menos, 46 millones 591 mil dólares.

Como resultado de las acusaciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino de forma gerencial las tres instituciones.

En una comunicación privada enviada a las instituciones de banca múltiple, la autoridad reconoció que la intervención se tuvo que hacer debido a un retiro de recursos por parte del público y una cancelación de inversiones y operaciones bancarias y fiduciarias en la tercia de entidades luego de ser acusadas.

Y sin una prueba contundente, como lo destacó el gobierno de México, Intercam se traspasó a Kapital Bank; CIBanco fue puesto en liquidación, mientras Vector ya no opera como casa de bolsa. Sobre este último caso, la Secretaría de Hacienda dijo que la revocación de su licencia fue por voluntad propia.

Respuesta de los bancos

Una vez realizadas las acusaciones, las instituciones que operan en el sistema nacional, particularmente los bancos, aseguraron que siempre se realiza un fuerte escrutinio en temas relacionados con la prevención del lavado de dinero y que nuestro país cuenta con los más altos estándares de supervisión.

En primera instancia, la Asociación de Bancos de México (ABM), en voz de su presidente, Emilio Romano, aclaró que “la banca en nuestro país ha tenido pocas afectaciones, sorprendentemente pocas por el caso, el sistema ha sido muy resiliente con esto… Son casos aislados, pero el sistema aguanta, esto nos hace más fuertes, es bueno que no podamos dormir tranquilos”.

Manuel Romo, vicepresidente de la ABM, mencionó que los bancos, tras los señalamientos hechos por el Tesoro entran a una etapa de “renovado dinamismo, los riesgos siempre se mueven, por eso invertimos en sistemas y en capacitación”.

Por separado, instituciones como BBVA, Santander o Banorte expresaron que, si bien la banca opera bajo marcos regulatorios robustos, los señalamientos del FinCEN reforzaron la necesidad de revisar de forma continua los modelos de control, los sistemas de monitoreo y los procesos de identificación de clientes, especialmente en operaciones internacionales.

Solicitudes del Tesoro

Tras las acusaciones, una comitiva de la ABM viajó a Estados Unidos para sostener una reunión con los funcionarios del Tesoro y llegar a acuerdos para evitar más temas de este tipo en el futuro.

En octubre, los banqueros dieron a conocer que trabajaron en una serie de recomendaciones para fortalecer sus capacidades de prevención de lavado de dinero (PLD) y combate al financiamiento de actividades ilícitas.

Cerrar brechas

En este sentido, las instituciones elaborarán mejores prácticas en materia de PLD para cerrar la brecha entre la regulación estadunidense y la mexicana; se distribuyen reportes sobre tipologías de delitos para PLD y se sumaron a una plataforma tecnológica de intercambio de información.

Al mismo tiempo, indicaron, ya se realizan reuniones de trabajo periódicas con la Unidad de Inteligencia Financiera; además, desde el 1º de julio de 2026, se tendrán que identificar a las personas que depositan y retiran dinero en efectivo a partir de 140 mil pesos y en materia de transferencias internacionales, estás solo podrán ser realizadas o recibidas entre cuentahabientes.

Durante la 88 Convención Bancaria realizada el año pasado, los banqueros recibieron a funcionarios del Tesoro, quienes no expusieron que investigaban a las tres instituciones acusadas.