l año que terminó fue uno de los más sombríos en la historia de Estados Unidos, y el desmesurado poder de esa nación en los asuntos internacionales hizo que fuera también oscuro en el resto del mundo. Sin embargo, unas cuantas señales de esperanza lograron colarse en medio de la avalancha de malas noticias generada cada día en Washington. Así, el 4 de noviembre los neoyorquinos decidieron que su urbe, la más grande y rica del país, sea gobernada por Zohran Mamdani, un migrante de fe musulmana y convicciones socialistas que hizo campaña con la promesa de devolver la ciudad a la gente después de décadas de políticas orientadas a seducir a los inversionistas en detrimento de los habitantes. Al alcalde que fue juramentado en el primer día de este 2026 le queda todo por demostrar, pero su triunfo electoral es ya un hito del cambio de conciencia, así como una demostración práctica de la posibilidad de vencer al establishment.
Otros dos destellos han provenido de tribunales: el fallo judicial que impide a Trump desplegar efectivos de la Guardia Nacional en Chicago, Portland y Los Ángeles, y el que le prohíbe poner fin a las protecciones ante la deportación para miles de migrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua. Debe recordarse que el mandatario se ha empeñado en atropellar la soberanía de entidades gobernadas por demócratas e imponer un virtual estado de sitio sobre las ciudades cuyos gobernantes y ciudadanos defienden a la comunidad migrante de los secuestros perpetrados a nivel nacional por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En este contexto, invocó una cláusula que le permite movilizar a la Guardia Nacional sin la anuencia de los gobernadores si el país es “invadido o está en peligro de invasión por una nación extranjera”, o si “existe una rebelión o peligro de rebelión” contra la autoridad federal. Dado que claramente no se cumple con ninguno de dichos supuestos, el magnate se vio obligado a recular en su despliegue militar ilegal.
También como parte de su cruzada xenófoba, la Casa Blanca ha insistido en que expulsará hasta a 25 millones de personas que “no deberían estar” en territorio estadunidense, a quienes criminaliza y etiqueta como “lo peor de lo peor”. En los hechos, el trumpismo pasó rápidamente de perseguir a las personas indocumentadas a “indocumentar” activamente a los migrantes: con una serie de decisiones, eliminó el parole humanitario, el Estatus de Protección Temporal (TPS), los programas de reunificación familiar, entre otras figuras que permitían a los solicitantes permanecer en el país mientras gestionan su residencia definitiva. Así, de la noche a la mañana más de un millón y medio de personas (la mayoría, venezolana) pasaron a ser migrantes irregulares expuestos a la violencia de ICE y otras agencias.
Aunque hondureños, nepalíes y nicaragüenses representan una pequeña parte de esa comunidad, la protección judicial recibida muestra que quedan en pie algunas instancias capaces y dispuestas a plantar cara a la deriva autoritaria.
Ante todo, estas señales auguran que en lo sucesivo Trump encontrará dificultades crecientes para empujar su agenda de desmantelamiento de la legalidad y la institucionalidad estadunidenses, las cuales, con todas sus falencias, ofrecían estándares mínimos de existencia que la ultraderecha ha atacado de manera inédita. Esas trincheras legales y la organización social palpable en Nueva York, Los Ángeles, Portland o Chicago, pero también en incontables ciudades de todos los tamaños, constituyen ahora la esperanza de una resistencia real al trumpismo y de tiempos menos aciagos.
