El predio de la calle Mérida 60, colonia Roma, donde el Gobierno de la Ciudad de México pretende erigir vivienda social, tiene dos litigios por la posesión del inmueble, el cual está catalogado de valor artístico y considerado por las autoridades de alto riesgo.

Penélope Fernández Izaguirre, reconocida por una jueza de lo familiar como propietaria del edificio por sucesión, afirmó que es víctima de un intento de despojo con apariencia legal por medio de actos ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, respaldados por notarios públicos y con la participación de varias empresas.

El asiento registral se realizó en 2016 por un particular, José Luis Chávez, quien se presentó acompañado por un notario y aseguró haber adquirido el inmueble, para lo cual sólo presentó un supuesto contrato de compra-venta celebrado en 1994, que ahora está extraviado.

En un segundo acto, por medio de un fideicomiso irrevocable de garantías puso la propiedad a nombre de una empresa denominada Novarec, de garantía por un préstamo en beneficio de otra empresa con razón social Gestores Empresariales. Dicha deuda ha sido vendida en dos ocasiones a otras personas morales, la última IASK24, que hoy pide la adjudicación del edificio, señaló el abogado Josué Izaguirre.

Es una apariencia de legalidad, pero en realidad es un fraude, un despojo. Es una cofradía que se encarga de despojar bienes inmuebles, están muy bien organizados y se respaldan con notarios públicos para hacer contratos de compra-venta y posteriormente simulan traslado de deuda a través de fiduciarias y otras empresas. El litigante agregó que para eso se respaldan en el artículo 348 del Código Civil local, que incluya la figura del comprador de buena fe.

Para Fernández Izaguirre, hay varias irregularidades: que el particular inscribiera la posesión en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 22 años después de que supuestamente adquirió el inmueble, sólo con un contrato de compra-venta celebrado ante el notario público 18 del estado de México, que luego el mismo fedatario reportó extraviado, según consta según consta en un oficio del Archivo General de Notarías mexiquense fechado en octubre de 2022.

Ante eso, empezó un juicio de nulidad de contrato en el que busca anular todos los actos realizados a partir del supuesto convenio de compra-venta, al tiempo que de la misma manera IASK24 reclama la propiedad.

Recordó que su padre, José Fernández Villalobos, compró el inmueble en 1980 y lo inscribió ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, nunca dejó de vivir en el lugar hasta que falleció en 2020, por lo que no lo vendió y nadie le reclamó la propiedad; por el contrario, siempre estuvo al corriente en el pago de impuestos y servicios como predial y agua, que actualmente ella cubre.

En tanto, el supuesto comprador del edificio está considerado en rebeldía al negarse a responder la demanda, mientras el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio señala que no archiva ningún documento, sino que el proceso que se sigue cuando llega algo por notario es verificar la documentación y capturar la información.

Mientras tanto, el Instituto de Vivienda local tiene en curso un proceso de expropiación del edificio de Mérida 60 para un proyecto en beneficio de familias en situación de vulnerabilidad.