e acuerdo con organizaciones de apoyo a migrantes, el presidente Donald Trump está logrando uno de los objetivos declarados de su cruzada racista: hacer la existencia de los buscadores de asilo tan miserable que éstos se autodeporten desde Estados Unidos hacia sus países de origen, o bien, a México.

El sadismo de esta política queda patente en el hecho de que no sólo se dirige contra quienes ingresaron o permanecen en territorio estadunidense de manera irregular, sino también a las personas que siguieron las reglas y cumplieron con todos los requisitos. Es el caso de casi un millón de migrantes que llegaron al país a través de la aplicación CBP One, habilitada por la administración de Joe Biden a fin de ordenar el flujo migratorio y proveer un camino a la residencia a quienes pasaran pruebas como la revisión de antecedentes.

Al contrario de las afirmaciones del magnate, según las cuales dicho programa formaba parte de la política de fronteras abiertas de su antecesor, CBP One siempre se ejecutó al mismo tiempo que centenares de miles de personas eran detenidas y deportadas por las autoridades por ingresar sin la documentación necesaria.

En sus primeros tres meses en la Casa Blanca, Trump ha corroborado que el discurso de aplicación de la ley siempre fue una máscara para la xenofobia que corroe a buena parte de la sociedad y de la clase política estadunidense, y que él se ha encargado de normalizar e incluso elevar a estándar institucional. En estas semanas, agentes federales, en particular los integrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), han perpetrado secuestros de migrantes que contaban con sus papeles en regla, se encontraban en el trámite para obtenerlos e incluso de personas con residencia permanente; además, ya se documentó al menos un caso en que se detuvo a un ciudadano y se le acusó de ser un extranjero no autorizado por una causa tan evidente como deleznable: el racial profiling, es decir, criminalizar a alguien debido a sus características físicas.

Estos secuestros se han realizado con lujo de violencia, involucrando a menores de edad y con agentes enmascarados como si se tratase de operativos para detener a jefes del crimen organizado. Asimismo, se ha establecido una política de trasladar a las víctimas de un centro de reclusión a otro en cuestión de horas para finalmente encerrarlos en instalaciones a miles de kilómetros de sus ciudades de residencia, en lo que abogados migratorios y activistas denuncian como maniobras para impedirles que presenten los recursos legales debidos y separarlos de su entorno de apoyo.

En este contexto de auténtica cacería humana, no da ninguna tranquilidad a los migrantes que algunos jueces emitan órdenes de suspensión a las acciones más bárbaras del trumpismo, pues saben que dichas sentencias pueden ser revocadas por otros tribunales en cuestión de horas o simplemente ignoradas por el magnate y sus esbirros. Por ello, muchos ya se plantean desandar el camino, y no pocos contemplan hacer el viaje de regreso atravesando México o establecerse aquí, lo cual supone para las autoridades mexicanas el deber humanitario de tomar las previsiones a fin de evitar que los migrantes de retorno y quienes busquen refugio en nuestro país sean víctimas de los delincuentes o de policías corruptos que compliquen su paso o pongan en riesgo su integridad, como muchos señalan que ocurre en su travesía al norte. Un gobierno que abandera el humanismo mexicano como máxima no puede permitir que aquí se repitan los maltratos de los que huyen los migrantes, ya sea que se encuentren en el viaje de ida o en el de vuelta.