En la Ciudad de México, seis de cada 10 quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) por posibles violaciones de garantías y libertades señala como responsables a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en tanto que los principales agravios referidos son el derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la integridad personal y a la reinserción social.

El informe anual que la ombudsperson Nashieli Ramírez Hernández adelantó esta semana al Congreso capitalino, refiere que de un total de 7 mil 620 expedientes de queja abiertos el año pasado, 5 mil 173 señalan a dichas autoridades, o sea, aproximadamente 67 por ciento.

Le siguen la Secretaría de Salud local, con 813 carpetas, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 687, y el Tribunal Superior de Justicia, 273.

El documento destaca que la mayoría de los casos se atendieron en la etapa de indagación preliminar, al procurar por todos los medios posibles la restitución rápida y efectiva de los derechos. Refiere que se lograron 29 acuerdos conciliatorios, el otorgamiento de pagos por concepto de indemnización en favor de 62 víctimas y cuatro actos de disculpas públicas y reconocimiento de responsabilidad.

En el periodo, el organismo emitió 15 recomendaciones: cinco dirigidas a la SSC, una de ellas vincula a la FGJ y otra a la Secretaría de Movilidad; cinco a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, tres al Instituto de Vivienda, una a la alcaldía Cuauhtémoc y otra a lo que era el Sistema de Aguas local (Sacmex), hoy secretaría.

En el caso específico de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el informe refiere que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México es la autoridad contra la que se inició el mayor número de expedientes, con 180, pero le sigue con 175 lo que era el Sacmex.

El documento refiere que de 170 casos con temática del agua por la suspensión, corte o restricción del suministro, se resolvieron 142, en su mayoría durante el trámite, en los que se giraron solicitudes de intervención urgente al organismo.

En el tema de personas desaparecidas, la CDH elaboró herramientas a fin de fortalecer su competencia para recibir reportes, remitir información a las autoridades y operar como canal de comunicación entre éstas y los peticionarios, e inició expedientes por incumplimientos en la aplicación de los protocolos para agilizar la investigación de casos, mientras para el de personas migrantes se diseñaron estrategias de atención con el gobierno capitalino.