La reubicación de bienes inmuebles del patrimonio arqueológico no constituye un delito si hay autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y si se trata de un proyecto aprobado por su Consejo de Arqueología, declaró a La Jornada Diego Prieto, titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad.