Chilpancingo, Gro., “Decenas de pueblos y comunidades nahuas de la Montaña Baja llevaremos nuestra lucha a la Copa Mundial de Futbol de junio próximo, para que el mundo sepa la injusticia, el abandono y la criminalización que se vive en nuestro estado”, si los tres niveles de gobierno ignoran “la demanda de seguridad que les hemos solicitado”, advirtieron la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) y el Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ).

Demandan desarticular a Los Ardillos

Lino Ponce González, de la Upoeg, y Jesús Plácido Galindo, del Cipog-EZ, explicaron que las tres organizaciones se unieron para combatir al crimen organizado, exigieron la desarticulación del grupo criminal Los Ardillos, y anunciaron que integrarán un sistema de justicia comunitario entre los pueblos nahuas, que incluirá a las regiones guerrerenses Montaña y Costa Chica.

Manifestaron que la alianza incluye a los municipios de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y Tecoanapa, ubicados en las zonas Centro y Costa Chica, respectivamente, porque en ambos Los Ardillos actúan impunemente, y aseguraron que son protegidos por funcionarios de los tres niveles de gobierno.

“En la Costa Chica, ese grupo tiene como cabecilla a Benito Sánchez Millán, El Oso, quien opera entre las comunidades de Tlayolapa y Tierra Colorada; ese grupo es responsable de la emboscada de 13 policías comunitarios en la comunidad El Cortijo, el 16 de agosto del año pasado, y de los 70 asesinatos y 25 desaparecidos del Cipog-EZ en la Montaña Baja”, denunciaron.

“No vemos a un gobierno que le preocupe lo que sucede en Guerrero; exigimos que haya un desmantelamiento y desarticulación de Los Ardillos. Exigimos su detención, así como la de Celso Ortega Jiménez, porque son responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en nuestras comunidades; en esa región hay familias desplazadas en el corredor desde Tierra Colorada, Tecoanapa y Ayutla de los Libres; exigimos el retorno seguro de todas, con garantías plenas de seguridad, reparación y no repetición”, requirieron.

Ambos dirigentes dieron a conocer que se coordinarán en acciones de seguridad en la franja de la Montaña Baja y la Costa Chica, y pidieron “que no le preocupe al gobierno que el movimiento social se organice, sino combatir al crimen organizado y desmantelarlo”.

También demandaron la liberación de Santos Ponce González, Javier Bruno Castro, Luis Ángel Durán García, Darío Avilés Cuenca y Wilber Hernández Vargas, detenidos el 6 de mayo 2024 en El Terrero, “por defender a su pueblo frente a la entrada del crimen organizado”.

Adelantaron que el 27 de enero sus compañeros “concluirán su proceso judicial en un juzgado de Acapulco, donde pretenden imponerles largas condenas. Si no los liberan de inmediato, los pueblos organizados de la policía ciudadana de la Costa Chica y la Montaña nos movilizaremos y bloquearemos las carreteras”.