La obligación de que los usuarios de teléfonos celulares vinculen sus datos personales a dichas líneas es “un paso esencial en el combate a la extorsión” y debe continuar pese a que en días recientes se encontraron “debilidades que podrían poner en riesgo información sensible” de los ciudadanos, señaló Morena en la Cámara de Diputados.

Una tarjeta informativa elaborada por el equipo del coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal, destacó que en México existen unos 158 millones de líneas de telefonía celular, por lo que ante el incremento de delitos como la extorsión y el fraude realizados por esos medios se determinó llevar a cabo el registro de los mismos.

De esta forma, cada línea estará asociada a un usuario “real y verificable” y se eliminará el anonimato que permite usar los celulares para cometer ilícitos. Así, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó el 8 de diciembre pasado los Lineamientos para la Identificación de las Líneas Móviles.

Monreal admitió que recientemente “algunos usuarios de telefonía móvil encontraron debilidades que podrían poner en riesgo información sensible de las personas, por lo que se expusieron dudas respecto a la seguridad informática” y la posibilidad de una suplantación de información.

Aunque el tema se volvió “mediático”, indicó el legislador, “la empresa señalada explicó que sólo se trató de saturación. Por otro lado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició una investigación para identificar las irregularidades relacionadas con la presunta filtración de datos personales durante el inicio de operaciones del registro”.

El coordinador de los diputados morenistas recalcó que “pese a las dificultades que se han presentado recientemente, y que incluyen posible vulneración de los datos personales, las autoridades poseen las facultades de investigación y sanción al respecto. En caso de comprobarse alguna irregularidad, existe la arquitectura institucional para corregir estas fallas”.

Por otro lado, dijo, “resulta importante aclarar que el resguardo de los datos personales de los usuarios no está a cargo del Estado, sino de las empresas telefónicas, lo que no significa que las autoridades renuncien a su responsabilidad de supervisar la protección y el cumplimiento de los derechos en torno a esos datos personales”.