Estudios internacionales revelan que los niños y adolescentes institucionalizados están seis veces más expuestos a sufrir violencia física y cuatro veces más a ser víctimas de abuso sexual que quienes viven en entornos familiares, según un diagnóstico elaborado por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pfpnna) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el Instituto Newman.

Después del lanzamiento del Modelo Nacional de Cuidados Alternativos, el cual busca evitar que los infantes sean separados de sus padres de forma innecesaria por diversas circunstancias, entre ellas abusos o violencia familiar, Fabiola Salas Ambriz, titular de la Pfpnna, señala a La Jornada que se propone a las procuradurías estatales de protección que la última opción sea ingresar a los menores en centros de asistencia social (CAS).

Hay que privilegiar su derecho a vivir en familia, por lo que se deben buscar alternativas como la familia ampliada (abuelos, tías o tíos que sean idóneos).

El análisis advierte que cuando los menores de tres años son institucionalizados, por cada tres meses de vida en esos espacios de asistencia social pierden un mes de su desarrollo cognitivo. Además, les faltan estimulación adecuada y vínculos afectivos estables, y desarrollan problemas en el aprendizaje, memoria, lenguaje y habilidades cognitivas básicas, entre otros problemas.

Homologar criterios

“Este modelo busca homologar criterios, porque aunque en algunos estados se han implementado programas, por ejemplo, de acogimiento familiar, no hay uniformidad en todas las entidades, donde podamos identificar a partir de qué criterios los niños se reintegran con su familia o no tengan ninguna otra opción más que el acogimiento residencial, es decir, el ingreso a un CAS”.

Salas Ambriz remarca que “la institucionalización tiene que ser la última opción, y si no hay otra, procurar que sea por el menor tiempo posible y estar en constante seguimiento y verificar que esos centros estén en las mejores condiciones”, porque si no es así, puede haber riesgos.

En octubre pasado se conoció el caso del albergue infantil Casa de las Mercedes por la presunta violación de una niña que fue llevada como empleada doméstica al domicilio de un familiar de quienes administraban el recinto.

“Efectivamente, hay casos en los que ya no hay seguimiento. Estos ingresos se dan a partir de la emisión de alguna medida de protección por alguna autoridad judicial, Ministerio Público o incluso por las procuradurías de protección, pero los ingresan y ya no hay ese seguimiento. Ya no hay incluso quien asuma la representación jurídica de esa niña o niño y estar al pendiente de la carpeta de investigación”.

La procuradora subraya que otra ventaja de que el menor permanezca con la familia extensa es que al cumplir 12 años de edad no son separados en centros para varones y mujeres. “Esto rompe el vínculo, y aunque se trata de que sigan teniendo convivencias algunos fines de semana, no es lo mismo que cuando se van a estas otras opciones de familia extensa. Allí los hermanos permanecen juntos”.