El pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó de manera unánime el acuerdo de disciplina presupuestaria 2026, que considera duras medidas de austeridad para todos los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF) –incluidos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación–, entre ellas la reducción de 10 por ciento del costo total anual de las “estructuras orgánicas”, lo que se debe cumplir a más tardar al cierre de este mes.

El documento –cuya copia posee La Jornada y que no ha sido publicado ni en la página del OAJ ni en el Diario Oficial de la Federación (DOF)–, fue aprobado el 11 de diciembre de 2025 y ya genera incertidumbre entre miles de funcionarios con plazas temporales y definitivas, así como en cientos de empleados por honorarios, ya que se han cancelado plazas.

El ordenamiento señala que la contratación de servicios profesionales (honorarios) está condicionada a convenios de tres meses y a un máximo de seis meses durante el ejercicio fiscal. También, disminuirán en 50 por ciento, en relación con el gasto ejercido en 2025, los recursos para el servicio de comedor en todas las instalaciones y los gastos destinados a viáticos y comisiones.

César Mauricio López Ramírez, secretario ejecutivo del pleno del OAJ, certificó el acuerdo cuando aún no renunciaba la magistrada Lorena Josefina Pérez Romero, sobre quien el OAJ no ha emitido ninguna información, a pesar de que a principios de este mes se exigió la renuncia a decenas de funcionarios que laboraban con ella y las oficinas donde despachaban se encuentran selladas.

El documento, firmado por López Ramírez y el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, dispone que a más tardar el último día hábil de febrero deberá publicar “sus lineamientos y el monto correspondiente a la meta de ahorro”.

Se establece la reducción de plantillas en 10 por ciento de su costo total anual, además de “reducir al mínimo los recursos previstos para la creación de plazas durante el ejercicio fiscal 2026”, para lo cual cada entidad deberá contar con autorización de la Comisión de Administración y del pleno del OAJ.

De igual manera se define la “optimización de plazas” y que se deberán “cubrir las necesidades promoviendo el traspaso” de las vacantes, y en todo caso aplicando “movimientos compensados de cancelación/creación de plazas”.

La norma, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, señala que “cuando una plaza quede vacante en comisiones permanentes, secretarías generales, secretarías ejecutivas, áreas administrativas, de vigilancia, órganos auxiliares y de apoyo, será obligatorio que permanezca desocupada por lo menos 30 días naturales”, y que los puestos que presenten vacancia superior a cuatro meses se pondrán a disposición del OAJ.

Servicios profesionales

Sólo se podrán contratar servicios profesionales cuando cubran “necesidades extraordinarias” y no estén “contenidas en ninguno de los perfiles de puestos de las plazas autorizadas” y cuando cumplan “necesidades temporales” y brinden “servicios especializados en materias diferentes a la jurisdiccional”.

Los contratos se podrán firmar siempre que se emita un dictamen positivo de recursos humanos de cada institución, y de aprobarse “no se podrán celebrar contratos de servicios profesionales consecutivos para el mismo prestador de servicios”. De hacerlo, deben transcurrir al menos 30 días entre cada contratación “no pudiendo exceder en el mismo ejercicio fiscal, el plazo total de seis meses considerando todos los instrumentos celebrados con el mismo prestador de servicios”.