El Instituto Nacional Electoral (INE) tampoco está de acuerdo en reducir su gasto, al argumentar que el recurso anual “representa apenas entre 0.2 y 0.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir, entre 20 y 50 centavos de cada 100 pesos” del erario.

No obstante, la revisión de su estructura operativa muestra que mantienen una nómina similar a la de años recientes, de alrededor de 20 mil trabajadores.

En una de las audiencias públicas convocadas por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Claudia Suárez, ex secretaria ejecutiva del INE, detalló que desde su creación en los años 90, los órganos nacional y locales tienen nóminas en crecimiento, pero sin armonizar funciones, cuyo sostenimiento ocupa entre 63 y 69 por ciento de los recursos disponibles (La Jornada, 28/11/2025).

Los 11 consejeros del INE ganan –cada uno– sueldos mensuales de más de 250 mil pesos, antes de impuestos. Luego viene otra tanda de altos funcionarios electorales, con percepciones brutas de entre 126 y 141 mil pesos.

Este tema ha sido motivo de debate público porque la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la Constitución establecen que ningún funcionario puede recibir una remuneración mayor a la fijada para la Presidenta de la República, cuyo sueldo es menor comparado al de los consejeros del INE. La mayoría de ellos responde que no se ha establecido el monto total de la “remuneración”.

Además defienden los salarios de los integrantes del INE con el argumento de que se trata de derechos laborales establecidos por las normas vigentes.

En el INE persisten no sólo los gastos propios de los recursos humanos, sino también múltiples contrataciones externas, más allá de tareas específicas como la producción de la credencial para votar o los materiales electorales.

Por ejemplo, el mes pasado adjudicaron un contrato por 6.8 millones de pesos para hacer un “estudio que identifique el conjunto de creencias, valores, actitudes y prácticas ciudadanas que estructuran la relación de las personas con el poder público y las relaciones cívicas en la sociedad”.

El contrato fue asignado a la misma consultora que usualmente trabaja para órganos electorales.

El anterior es un caso entre los múltiples gastos encargados a empresas externas, no sólo en capacitación y educación electoral, sino en prácticamente todas las áreas del instituto, cuyo presupuesto general para el año en curso es de 14 mil 99 millones de pesos.