Casi una cuarta parte de las propuestas del Instituto Nacional Electoral (INE) para la reforma en la materia tiene que ver con la vigilancia a los partidos y fortalecer la fiscalización en términos operativos y financieros; sin embargo, no apoya la idea de reducir el financiamiento a estas agrupaciones.

En el documento entregado a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, responsable de coordinar los cambios constitucionales y legales, el instituto considera que reducir estas prerrogativas “no resuelve un problema real de gasto”.

A cambio propone vincular el financiamiento público al “descontento ciudadano”, es decir, validar para este fin la abstención y el voto nulo, “en lugar de poner en riesgo la existencia de partidos minoritarios o la calidad de las elecciones”.

En la página 19 del compendio del árbitro se lee: “Financiamiento público suficiente para partidos políticos y autoridades electorales. Es indispensable para la supervivencia de los partidos más pequeños y para organizar elecciones íntegras y accesibles”.

Argumenta que estas prerrogativas (7 mil 737 millones de pesos para el año en curso) representan 0.08 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (8 centavos de cada 100 pesos).

Esta bolsa, a repartir en seis partidos, incluye recursos para gasto ordinario, actividades específicas e incluso subsidio para franquicia postal y telegráfica.

El INE propone revisar la fórmula establecida en la Constitución para fijar el dinero que se dará a los partidos, pero no para bajar el apoyo, sino buscando formas de medir su desempeño y descontento ciudadano, pero “garantizando su suficiencia para mantener el pluralismo, bajo criterios de racionalidad presupuestaria, transparencia y fiscalización efectiva”.

Únicamente sugieren quitar lo relativo a la franquicia telegráfica, hoy en desuso por la evolución tecnológica, aunque omite señalar que hoy el gasto general por ese concepto es de apenas 57 mil pesos por cada partido.

Actualmente el financiamiento se calcula a partir de un reparto igualitario de 30 por ciento del recurso disponible y el resto de manera proporcional según la votación obtenida en la elección federal más reciente. Se basa en el valor de la Unidad de Medida y Actualización y en el tamaño del padrón electoral, por lo cual este monto nunca disminuye, al contrario.

El INE afirma en el documento que “el financiamiento público ordinario es indispensable para mantener las actividades permanentes de los partidos y puedan cumplir con el mandato constitucional de promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público”.

Por lo contrario, el instituto propone abrir vías para las aportaciones hacia distintos medios electrónicos, “siempre que sean claramente trazables los flujos de recursos y verificables las personas aportantes, así como el origen y monto de los recursos aportados”.

Subraya que el financiamiento público debe seguir siendo el ingreso predominante para los partidos.