Guadalajara, Jal., El Congreso del estado aprobó ayer exhortar al gobernador Pablo Lemus para que vete “de manera inmediata” el incremento a la tarifa del transporte público de 9.50 a 14 pesos, a fin de que ese ajuste sea revisado “con mayor rigor técnico, social y viabilidad presupuestal”.

En sesión extraordinaria, los diputados acordaron también solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y Popular de Jalisco convocar a un referendo ciudadano sobre el acuerdo tomado por Lemus para autorizar el aumento.

La primera solicitud de referendo la hicieron a título personal las diputadas del partido Futuro. Tras abrirse la plataforma del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) para recabar firmas electrónicas, el jueves ya se tenían más de 250 por ciento de las necesarias para arrancar el proceso que podría detener el tarifazo.

La discusión giró en torno al acuerdo de Lemus con empresarios camioneros para aumentar poco más del 47 por ciento la tarifa y en su intención de obligar a la ciudadanía a ingresar a un esquema bancario mediante una tarjeta de débito para pagar el transporte público en 11 y no 14 pesos.

Posteriormente aprobaron exhortar a la Contraloría del estado para que realice la revisión del proceso de adjudicación de la licitación pública relativa a la expedición y operación de la tarjeta anunciada por Lemus y para la cual se abrió un prerregistro en línea, otorgado a la empresa Servicios Broxel y que remita un informe público detallado de los resultados y hallazgos.

A la Auditoría Superior del Estado se le instruyó revisar el contrato adjudicado en octubre de 2025 a Broxel, que obtuvo para el registro de tarjetas 272 millones 600 mil pesos y recibirá, cada mes del erario estatal, 5.45 pesos por plástico en uso, lo que sumará otros 27 millones de pesos al mes.

Los legisladores también crearon una comisión temporal para vigilar la mejora del servicio del transporte concesionado, la cual será integrada por un diputado de cada grupo legislativo. Entre sus atribuciones estará revisar las condiciones de la prestación, coordinarse con el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público, auditar a concesionarios y operadores, y emitir un dictamen técnico que determine si se cumplen las condiciones para mantener la tarifa de 14 pesos o si procede su reducción a 9.50.

De igual forma, avalaron solicitar a las secretarías de Hacienda Pública y de Transporte un informe técnico consolidado sobre el incremento tarifario, que incluya la metodología utilizada, el análisis de indexación, el impacto social y presupuestal, además del mecanismo de subsidio por viaje, y solicitar la comparecencia de los titulares de ambas dependencias.

En tanto avanzan los procesos en el Congreso y en el IEPCJ, organizaciones, colectivos y partidos políticos anunciaron nuevas movilizaciones contra el tarifazo; la más cercana el próximo sábado.

El 10 de enero, lejos de la zona donde se realizó el mitin, policías estatales siguieron a varios manifestantes a bordo de patrullas, cerraron avenida Juárez con apoyo de agentes viales y se llevaron a dos estudiantes y a dos hombres a quienes, según denuncian diversos organismos, amenazaron y torturaron antes de dejarlos en libertad horas después.