Ex candidato a la gubernatura poblana, uno de los sentenciados por el asesinato de la abogada
Viernes 2 de enero de 2026, p. 21
Puebla, Pue., El Tribunal de Enjuiciamiento con sede en el penal de San Miguel, en la capital poblana, condenó a 60 años de prisión a Javier López Zavala, ex candidato a la gubernatura de Puebla por el PRI; a Jair Mauricio Domínguez, sobrino del político y a Silvestre Vargas Ruiz, un sicario originario de Veracruz, por el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón, perpetrado el 21 de mayo de 2022.
A los sentenciados se le impuso además una multa de mil unidades de medida y actualización (UMA), así como el pago de 3 mil UMA por la reparación del daño moral a la familia de la víctima y mil 200 unidades de medida como indemnización; lo que equivale a 724 mil 96 pesos por cada uno.
Helena Monzón, hermana y abogada de Cecilia, celebró la resolución al asegurar que el tribunal consideró el actuar “impune” con el que los tres acusados se desenvolvieron antes y durante el juicio oral, como un agravante para imponer las penas máximas estipuladas en el Código Penal del estado.
Ahora, señaló, ante posibles impugnaciones y solicitudes de amparo, el equipo jurídico de la parte agraviada tendrá que defender el fallo histórico con el que se condena a López Zavala, quien ocupó la Secretaría de Gobernación durante la administración priísta de Mario Marín (actualmente preso por el presunto delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho).
Javier López Zavala, el autor intelectual
A Javier López se le encontró responsable en grado de autor intelectual del feminicidio de Cecilia, quien fue su pareja sentimental y con quien tuvo un hijo (actualmente menor de edad), mientras a Jair y Silvestre se les considera culpables como autores materiales.
De acuerdo con el relato de la Fiscalía General del Estado (FGE), sustentado en una rigurosa investigación reconocida por el propio tribunal, el ex funcionario otorgó las herramientas y facilidades a su sobrino Jair Mauricio para perpetrar el homicidio de la abogada de casos de violencia de género, con el apoyo de un sicario identificado como Silvestre Vargas.
Estos últimos interceptaron a bordo de una motocicleta a la legista cuando conducía su camioneta sobre el Camino Real a Cholula, para dispararle en siete ocasiones con un arma de fuego calibre 9 milímetros y posteriormente darse a la fuga.
Según la indagatoria, el móvil del crimen estuvo sustentado en el hecho de que el político buscaba silenciar a su ex pareja sentimental luego de que ésta lo denunciara públicamente y ante la FGE por violencia familiar –delito del cual también fue encontrado culpable– y por la pensión alimentaria del menor que ambos procrearon.
Integrantes de colectivos que acudieron a la sede del Tribunal de Enjuiciamiento en representación de 300 personas y organizaciones, celebraron el fallo del juez; especialmente en un país donde 95 por ciento de los feminicidios quedan impunes, aseguraron.
Señalaron que esta condena, pese a que aún debe ser defendida ante cualquier apelación y recurso de amparo, se logra tras la lucha constante de las víctimas y de los activistas que presionaron y vigilaron el proceso.
La sentencia marca un precedente
Reiteraron que el precedente que marca esta sentencia deja en claro el camino a seguir en todos los casos de violencia de género y feminicida, sin importar el poder que alguna vez ostentó la persona responsable o su clase social.
Helena Monzón reconoció también que la condena de culpabilidad emitida el 23 de diciembre y la pena máxima que se impuso contra los tres acusados representan un precedente de acceso a la justicia para las víctimas de este tipo de delitos.
La abogada agradeció el acompañamiento de la FGE, especialmente de la fiscal general Idamis Pastor Betancourt, así como de los agentes del Ministerio Público y de los abogados Minerva Sánchez y Tirso de la Torre.
Además de esta sentencia contra López Zavala se tendrá que sumar la sanción por violencia familiar, delito del cual ya fue hallado culpable en dos ocasiones, pero debido a un recurso de amparo el tribunal no ha podido imponer una pena de prisión, lo que sucederá hasta que dicho recurso se resuelva de manera definitiva.











