Bogotá. La pugna política entre derecha e izquierda se hizo evidente el miércoles en Colombia, tras el hundimiento –al parecer con un fraude, según el presidente Gustavo Petro– del proyecto de consulta popular que el gobierno propuso al Senado para devolver derechos laborales a cerca de 26 millones de colombianos.

La votación terminó con 49 votos por el sí y 47 por el no. El debate terminó en una gresca en la cual el gobernante partido de izquierda, Pacto Histórico, acusa de fraude al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de filiación conservadora.

El parlamento de Colombia es bicamaral (Senado y Cámara de Representantes). Sin embargo, la Constitución sólo faculta al Senado para votar el proyecto de consulta.

La propuesta del presidente Petro de convocar a una consulta popular fue resultado de una decisión del Senado que negó la reforma laboral.

Petro llama a movilización

Ni los derechos se mendigan ni se acalla al Constituyente primario, dijo Petro en su cuenta de X desde China, donde se encuentra de visita de Estado y como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe.

La reacción del mandatario fue convocar al pueblo a las calles, a la Minga (movimiento indígena ampliado o trabajo colectivo), conformar cabildos populares y que las centrales obreras se declaren en asambleas permanentes.

La derecha cerró filas en torno a Efraín Cepeda, quien como presidente de la cámara alta encabezó la votación. El Senado declaró la no conveniencia de la consulta popular porque servía a fines politiqueros del gobierno, dijo Cepeda.

Las dos cámaras del Congreso son controladas por la derecha y la centroderecha que, en algunos casos y por conveniencia política, ha acompañado a Pacto Histórico en proyectos de ley de origen gubernamental. Sin embargo, la pugna política avivada por la cercanía de las elecciones en 2026 ha llevado a la ruptura de ciertos acuerdos, esencialmente burocráticos.

Sin embargo, la votación en el Senado aún puede ser sometida a revisión. La Procuraduría General de la Nación –institución que vela por el derecho de los ciudadanos y sanciona disciplinariamente a los funcionarios públicos– anunció una investigación preliminar.

“Que me expliquen cómo se puede hundir el derecho del pueblo a decidir como soberano supremo (…) El pueblo no se deja amordazar por corruptos”, escaló Petro en redes sociales.