De las 21 reformas constitucionales aprobadas en lo que va de la legislatura, sólo en cinco se expidieron ya las leyes reglamentarias requeridas para su operación, y en algunos casos, como el de la modificación a la Carta Magna que dejó en la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) el control de la Guardia Nacional (GN), el plazo venció el pasado 30 de marzo.

El Congreso se encuentra también en falta en lo que se refiere a las modificaciones constitucionales sobre protección y bienestar animal, derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y transporte ferroviario, cuya legislación secundaria debió aprobarse a más tardar a finales del mes pasado.

La enmienda a una veintena de artículos de la Carta Magna establece que la GN dependerá de Defensa, formará parte de la fuerza armada permanente –Ejército, Fuerza Aérea y Marina– y tendrá la facultad de investigación de delitos, en el ámbito de su competencia.

Asimismo, estipula que el Congreso tendrá la facultad de expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación de Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública. Establece que el Senado de la República estará habilitado para ratificar el nombramiento de los jefes superiores de esa corportación que proponga el presidente de la República.

Asimismo, la reforma precisa que la Guardia se regirá por su propia ley, la que determinará su estructura orgánica y de dirección. Se da a ambas cámaras del Congreso un plazo de 180 días, a partir de su promulgación, el 30 de septiembre, para la adecuación del marco jurídico.

Por ello, la ley secundaria de la GN debió estar aprobada antes del 30 de marzo, pero se previó que no fuera así y en el texto constitucional se estableció: en tanto se realice la armonización del marco jurídico correspondiente, la organización y funcionamiento de la Guardia Nacional continuará operando con apego a las disposiciones legales vigentes anteriores.

También están con el plazo vencido la nueva Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección a los Animales, aunque ya hay una iniciativa de Morena y PVEM en el Senado, el cual trabaja conjuntamente con autoridades gubernamentales para plasmar en una legislación los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Parte del retraso en la expedición de las normas reglamentarias es que se elaboran en el Ejecutivo, donde no han sido concluidas. Y es es el caso de la enmienda en materia de transporte ferroviario, en la que se precisa el derecho del Estado mexicano de usar y aprovechar las vías férreas para el transporte de pasajeros.

Falta también reglamentar los cambios constitucionales que prohíben el uso de cigarrillos electrónicos –vapeadores–, el referido a prisión preventiva oficiosa y los que desaparecieron organismos autónomos.

De hecho, las leyes secundarias aprobadas son aquellas que eran indispensables para aterrizar los cambios constitucionales. Las primeras fueron dos de la reforma judicial, seguidas por las de igualdad sustantiva, las tres energéticas, las nuevas Ley del Infonavit, la de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la de Protección de Datos Personales.