Buenos Aires. La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, logró su objetivo de utilizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, lo que viola las normas constitucionales al enviar efectivos del ejército a la provincia de Salta, limítrofe con Bolivia, para controlar la frontera. Esa era tarea de la Gendarmería Nacional, cuya labor ahora es reprimir con brutalidad las protestas de la ciudadanía.

Muestra de ello fue lo que ocurrió el miércoles, cuando acompañadas de otras fuerzas de seguridad reprimieron de nuevo, a mansalva, a los jubilados durante las ya habituales manifestaciones que se realizan cada semana en protesta por la grave situación económica que atraviesan. En esta ocasión fueron solos a la Plaza del Congreso; anteriormente habían sido acompañados por hinchas y asociaciones de trabajadores en movilizaciones que se han saldado con cien heridos, incluidos dos niños y un fotógrafo.

Este tema sigue ocupando páginas en los periódicos debido a la cantidad de efectivos que han empleado las cinco fuerzas de seguridad pública, al grado de triplicar la cantidad de ancianos a quienes se les empujó con sus escudos y rociaron con gas pimienta directamente a la cara; algunos fueron salvajemente golpeados.

El plan de Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri, tiene como objetivo que los más de mil soldados que enviaron entre las ciudades fronterizas de Salvador Mazza y Misión La Paz supuestamente para combatir el narcotráfico, se queden ahí permanentemente, a pesar de que esa no es labor de las fuerzas castrenses. Vale destacar que esto se realiza después de que la Gendarmería disparó y mató a un joven que pertenecía a los pobladores bagayeros que llevan y traen mercancías para subsistir.

Como si se tratara de una provocación, Petri nombró al operativo general Julio Argentino Roca, cuando se cumple un nuevo aniversario de la llamada Campaña del Desierto, que éste comandó y en la cual asesinaron a miles de indígenas para luego repartir esas tierras entre los más ricos de entonces.

El operativo actual espera contar también con 10 mil efectivos del ejército, que se irán rotando en los puestos de la frontera en Salta donde nadie olvida a los Rodillas Negras de la dictadura militar, quienes conformaron las fuerzas de tareas que se convirtieron en paramilitares, como una amenaza que ya aterroriza a muchos salteños y significa otro golpe para la cada vez más deteriorada política de derechos humanos.

Por su parte, el director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, Manuel Tufró, sostuvo que las fuerzas armadas no están entrenadas en esta tareas, y advirtió que elementos de seguridad nacionales y provinciales son cinco o seis veces más numerosas, por lo que no se necesita este refuerzo. También subrayó que no se informa qué tipo de facultades se les está otorgando en este operativo.

Inversión en violencia

Diversos organismos han denunciado que la represión que ha ordenado Bullrich ha costado más de mil millones de pesos en granadas y cartuchos, y más de 500 millones en máscaras de gas, escudos y garrotes.

Por otro lado, durante los actos de Semana Santa, los obispos católicos, alineados con la posición del Papa Francisco, denunciaron la situación de represión que viven los sectores más vulnerables y les extendieron su apoyo, mientras el gobierno cumple e incluso sobrepasa los mandatos del Fondo Monetario Internacional, cuyo último préstamo no terminará en manos de quienes cada día son despedidos sin derechos, por lo que el mapa del hambre se extiende cada vez más.

Nota completa en La Jornada OnLine https://bit.ly/3EBqCog.