El ataque armado contra cuatro trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Sonora, perpetrado el martes y en el que murieron dos personas, no tiene precedentes, aunque cotidianamente están expuestos a agresiones de pobladores en comunidades donde realizan cortes o reconexiones del servicio, aseveraron sindicalizados disidentes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm).

Es un golpe durísimo porque es la primera vez que se comete un atentado de estas características, expresó Víctor Manuel Carreto, secretario del trabajo de la sección 92, en Puebla.

Expuso que el caso más reciente ocurrió hace año y medio en la división centro-oriente, que abarca Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, cuando a un trabajador le dispararon sin mediar palabra al acudir a suspender un servicio.

Los empleados de la CFE, expuso, han sufrido agresiones graves, los han golpeado y reciben amenazas con armas de fuego. Por ello, dijo, cuando se encuentran en una situación de peligro, la instrucción es retirarse y reportarlo a su jefe inmediato.

Carreto, también secretario de gestión industrial del Comité Ejecutivo Nacional suplente, refirió que otro delito que les afecta es el robo de camionetas, que se incrementó entre 2011 y 2017. Las unidades son utilizadas por grupos del crimen organizado para el robo de combustible, aseguró.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Red TDT, Víctor Hugo López Rodríguez, afirmó que esta agresión refleja una vez más que se han roto todos los límites para la delincuencia organizada al agredir a servidores públicos, así como a sacerdotes, defensores de derechos y población en general.

Consideró preocupante que las víctimas son personas que no tienen parte en ninguno de los conflictos; generalmente son trabajadores, menores de edad y personas buscadoras de desaparecidos.

También dijo estar preocupado por no saber qué ocurre después de estos crímenes, cuando están plenamente identificados los grupos delictivos responsables.

Este año han sido atacados dos empleados públicos de Baja California: Daniel Martínez Zendejas, de la Secretaría de Cultura estatal, fue asesinado en agosto, y en abril, Antonio López Quiroz, adscrito a la Secretaría de Bienestar local, fue herido a balazos.