Organizaciones civiles pidieron al Estado mexicano que colabore plenamente con el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) en su visita de la próxima semana, y sea transparente con la información.

Coincidieron en que si bien hay avances normativos, este delito sigue siendo “una práctica generalizada” en México.

María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez recordó que en su anterior visita, en 2016, cuando era presidente Enrique Peña Nieto, a la delegación del SPT se le negó el acceso a instalaciones militares en Iguala, Guerrero y el contenido del informe final –que sólo puede ser público si el gobierno así lo determina– fue conocido hasta que las organizaciones litigaron a través del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

En cuanto a los avances y retrocesos para atender la tortura, señaló que actualmente se cuenta con la ley para prevenir, investigar y sancionarla, además del Registro Nacional del Delito, pero el Mecanismo Nacional de Prevención, que depende de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “no está funcionando como debería”.

Expuso que existen figuras jurídicas contrarias a los estándares internaciones y que “ponen en riesgo la comisión de algunos tipos de tortura”, como la prisión preventiva oficiosa. También, dijo, hay inconsistencias en el Registro Nacional de Detenciones, en particular en cuanto a personas aprehendidas en contexto de migración que no son incluidas en esa base de datos.

A su vez, Denisse Montiel, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, indicó que se han documentado casos de tortura en centros de detención, anexos e incluso como herramienta de represión en protestas, como sucedió en Jalisco.

“Estamos hablando que sigue siendo utilizada como un mecanismo no solamente en los procesos de detención, de fabricación de culpables, sino que además se ha extrapolado a otros contextos”, advirtió.

Refirió que han documentado que entre las autoridades que han sido señaladas de cometer esta práctica están policías municipales y estatales, elementos de las fiscalías o procuradurías de justicia de los estados y la Guardia Nacional.

Por eso, enfatizó, la visita de los expertos del subcomité “resulta importante para visibilizar, documentar e identificar cuál es la situación de tortura en México”.