Guadalajara, Jal., Un grupo de ciudadanos presentó ayer ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) 14 mil 873 firmas digitales y 554 hojas con rúbricas físicas para solicitar de manera formal y dentro del plazo establecido por la ley el inicio del proceso para llevar a referendo el acuerdo firmado por el gobernador emecista Pablo Lemus para aumentar, a partir del próximo 1º de abril, la tarifa del transporte público de 9.50 a 14 pesos.

Las 14 mil 873 firmas fueron recabadas a través de la plataforma Fírmale del IEPCJ y las que se presentaron en papel, aún no han sido “contadas y validadas”; sin embargo, Ulises Estrada, quien promueve el referendo, afirmó que suman por lo menos 20 mil 500 entre ambos formatos.

“Con ello ha iniciado formalmente el procedimiento previsto en la Ley de Participación Ciudadana del estado de Jalisco”, confirmó después el IEPCJ en un comunicado.

Recordó el Instituto Electoral estatal que no se pueden someter a consulta ciudadana disposiciones, decretos, reglamentos o acuerdos “de carácter contributivo”.

El 15 de enero el gobierno estatal presentó su postura respecto al posible referendo, cuando iniciaba la recabación de firmas; dijo que “las disposiciones de carácter contributivo son aquellas relativas a impuestos, derechos, cuotas o cualquier carga tributaria impuesta a la ciudadanía”.

Las tarifas tienen naturaleza contributiva

Aunque la gran mayoría del transporte público en el estado es concesionado, según el gobierno estatal “sus tarifas tienen naturaleza contributiva, al constituir una contraprestación por un servicio público que se ofrece bajo regulación del estado, por lo que expresamente se encuentran excluidas de la materia susceptible de referendo”.

Definir si pagar el pasaje es o no de carácter contributivo será el centro de la discusión cuando el IEPCJ verifique si la solicitud de referendo cumple con los requisitos formales, remita las firmas al Instituto Nacional Electoral para su validación, integre el expediente completo y lo envíe al Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza (CPCPG), única autoridad facultada para determinar si un referendo estatal es procedente o no.

El CPCPG es presidido por el empresario hotelero y panista Ramón Marcelo Cortés Martínez, miembro también del grupo Unidos por México en el que milita Claudio X González, creado en 2022 como bloque opositor al gobierno de la Cuarta Transformación. La secretaria ejecutiva es Claudia Patricia Arteaga Arróniz, funcionaria de la administración estatal emecista.

El resto de sus integrantes representan al sector académico, organizaciones civiles de distinta naturaleza, funcionarios estatales, un representante del IEPCJ y un diputado del Congreso local.

“En caso de que el Consejo determine la procedencia del referendo deberá notificarlo al IEPCJ, que será la autoridad encargada de convocar, organizar y desarrollar el ejercicio.

“De conformidad con la ley, el referendo deberá realizarse dentro de los 90 días siguientes a la declaratoria de procedencia. Los resultados serán vinculantes si participa al menos 33 por ciento de ciudadanos inscritos en el listado nominal del estado y si más de la mitad de ellos se pronuncia a favor de la abrogación o derogación”, explicó el IEPCJ.