Habitantes de la Santa Úrsula Coapa, comerciantes que se instalaban en pasos a desnivel de calzada de Tlalpan, vecinos y diferentes colectivos bloquearon la avenida Paseo de la Reforma en protesta contra lo que calificaron “arbitrariedades y despojo” cometidos por el gobierno de la Ciudad de México bajo el argumento de los preparativos para el Mundial de futbol.

Sobre la vialidad realizaron un mitin donde expresaron que el evento deportivo es estratégico para el Estado mexicano, impulsado desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y heredado a los gobiernos de Morena que “vieron en el Mundial la ventana de posibilidad para acelerar el despojo, desprecio y desplazamiento de las comunidades y pueblos originarios que habitan la Ciudad de México”.

Escasez de agua

Los inconformes acusaron al gobierno de la capital de retirarles sus fuentes de trabajo y desalojarlos de las viviendas para favorecer intereses privados y reprocharon que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) gozará de exenciones fiscales.

A unos pasos del Auditorio Nacional, donde se ubica el reloj que marca la cuenta regresiva para el gran evento, los habitantes de la ciudad denunciaron que para ellos la Copa del Mundo ha sido “desplazamiento y despojo”.

Además, del impacto provocado en infraestructura y servicios como el agua, que en los meses recientes ha escaseado, principalmente en colonias aledañas al estadio Azteca, donde se realizan preparativos para el evento.

Luego de exponer sus demandas sobre el camellón, un grupo de jóvenes tomó los carriles de la avenida, sin embargo, permitieron el paso del transporte público, así como de ciclistas, mientras los conductores de vehículos particulares se quedaron atorados.

Los comerciantes aseguraron que durante años los mantuvieron en el olvido, nunca les entregaron recursos y ellos tuvieron que invertir en los locales para que “ahora nos desalojen”.

La exigencia de los colectivos “es nuestro derecho a habitar dignamente nuestros pueblos que se encuentran dentro de la Ciudad de México. Dignidad que tiene que ver con una vivienda amplia que me permita protección, descanso y la multiplicación de nuestras familias”.

Ante el encarecimiento de los territorios populares para potenciar la gentrificación, la turistificación y la privatización de bienes públicos –como el agua y espacios comunes– a las comunidades y pueblos originarios.

Los afectados exigen una mesa de negociación para atender sus demandas.