Oribel Soria Reyes lleva tres años defendiendo la guarda y custodia de su hijo menor de edad, MBCS, quien está diagnosticado con autismo, discapacidad intelectual y auditiva, así como problemas de lenguaje, frente al poder que ostenta su ex marido, el magistrado Samuel Mithzael Chávez Marroquín, de la sala regional del Golfo-Norte, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

A pesar de ser víctima de violencia vicaria, ningún agente del Ministerio Público o juez del estado de México ha querido atender su caso, concerniente a la legislación reconocida en 2022.

La falta de aplicación de la ley de violencia vicaria –reconocida por los congresos de los estados de la República– afecta a miles y a sus hijos. “Soy víctima, como miles de mujeres mexicanas, que también vivimos violencia institucional. Sufro una actuación reiteradamente inclinada en favor de mi ex esposo y progenitor de mi hijo, debido a su cargo de magistrado”, dice en entrevista con La Jornada, Oribel, quien tiene 50 años y es maestra de primaria de doble turno.

Explica que desde que se divorció, en 2022, padece vulneración de los principios de imparcialidad, objetividad y protección jurisdiccional, lo cual ha afectado gravemente a su hijo de 15 años, quien, en diversos juicios, ha sido sometido a situaciones de estrés por falta de protocolos adecuados y apegados al interés superior del menor.

Su ex cónyuge le ha abierto procedimientos judiciales por alienación parental, guarda y custodia y por falsedad en declaraciones. Dice que la amenazó. “Te voy a quitar a mi hijo, no lo vas a volver a ver, tengo dinero y contactos. Nadie te va a hacer caso”. Dos días después, la acusó de otros presuntos delitos.

Antecedentes

Oribel recuerda que conoció a su ex marido mediante una aplicación en 2003. “El primer día que me vio me pidio noviazgo. A los dos días me mandó un arreglo enorme de tulipanes y empezó la conquista, pero sentí rechazo de su familia. Ellos son dizque muy católicos. Me rechazaron por ser madre soltera, pues tenía un hijo de mi anterior relación. Me enamoré de él porque nunca había sido tratada de esa forma tan especial, tan bonita”.

Su noviazgo duró cuatro años y medio y se casaron el 21 de febrero de 2007. Él era secretario de acuerdos del Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa. “Muy pronto me di cuenta de que era mujeriego. Llegaba con las camisas llenas de maquillaje, encontraba cosas en el coche; era ‘ojo alegre’, pero lo más fuerte era su familia contra mí, a la que él seguía manteniendo”.

Cuenta que él abandonó el hogar cuatro veces, aunque les había dicho que todos se irían a vivir a Tamaulipas, donde él tendría un nuevo puesto en el Poder Judicial. “La última vez se fue de un día para otro. Me inventó cosas. Le dijo a nuestro hijo que yo no lo quería y que lo había corrido. Decía muchas cosas malas de mi persona, y para entonces yo no sabía que era violencia vicaria”.

Al iniciar el divorcio, Oribel se sorprendió porque lo primero que hizo su ex esposo fue pedir la guarda y custodia del menor, aunque ella la tenía provisional: “Declaró un montón de mentiras. Dijo que yo lo había corrido, tomó fotografías de bolsas de ropa. Yo tenía una abogada que no me defendió y creo que se vendió con él porque no demandó pensión compensatoria”.

Añade: “El día de la primera audiencia se victimizó y solicitó las convivencias en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), pero yo, de tonta, pedí que se llevaran a cabo por fuera. Fue peor porque empezó a inventarme cosas, como que si el niño estaba flaquito, que llevaba ropa desgastada, que necesitaba dentista. De hecho, mi hijo llegaba muy enojado conmigo y tardaba como dos días en quitarle el malestar. Me puso como mala madre delante de la jueza”.

Negó el padecimiento

En 2021 el menor fue diagnosticado con autismo: “Estuvo en el diagnóstico, pero dijo que no era autismo y solicitó exámenes. Durante las convivencias lo fue manipulando en mi contra, acusándome de todo tipo de cosas, sin respetar los rituales de mi hijo por su autismo”.

Un día, éste “dijo que ya no quería ir con su papá a su casa porque le apagaba las luces y él necesita tener la lámpara prendida. Me dijo que su papá no le hacía caso, que siempre estaba en el celular, que le hacía muchas fotos, que nunca estaba solo con él, y siempre estaban su abuela y sus tías; que no tenía privacidad, pues cuando salía de bañarse, en toalla, le daba vergüenza que lo vieran”.

Luego apareció la novia del magistrado. “Le decían que ya se iba a vivir con ellos, con los dos hijos de ella y que todos iban a ser una familia. A veces, los dos se iban de fiesta y a mi hijo lo ponían a cuidar al niño chico de la novia, y se quejaba”.

Explica que el vinculo hijo-padre se rompió poco a poco debido a la “torpeza” del padre. La jueza Claudia Irasema Cabañas Herrera, del juzgado primero familiar del distrito judicial de Ecatepec, solicitó a ambos progenitores ya no tener contacto entre sí y les dijo que todo iba a llevarse a través del juzgado.

“A continuación, él pidió cuentas de lo que costaba mantener al menor. Luego negó que éste tuviese autismo, pero después, como ya no le convino, pidió que se le hiciera un diagnóstico sicológico y que yo fuera a terapia. La jueza Cabañas Herrera le concede todo lo que él pide y a mí me niega todo lo que solicito”.

Parcialidad de jueces

Afirma también que el juez Raúl García Camacho, decimocuarto de distrito en el estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, le rechaza todos los amparos en los que solicita no se hagan tantos y exhaustivos diagnósticos sicológicos al menor ni se concedan las convivencias de tránsito por las amenazas de su ex marido de no devolversélo.

“Cuando mi hijo dijo que ya no quería ver a su papá, dejé de llevarlo cinco meses a las convivencias. Luego citaron al menor y salió diciendo que la jueza no lo escuchó y que no le creyó. Salió muy afectado, hasta fiebre le dio, y ahí mismo lo tuvieron que atender en el tribunal”.

Añade: “Luego, la jueza me regañó diciendo que lo estoy alienando y que mi hijo estaba muy manipulado. La sicóloga del Ministerio Público dice que no tiene autismo, sino síndrome de Asperger, lo que es otra mentira”.

Las convivencias de dos horas continuaron en el Cecofam, pero Oribel argumenta que su ex esposo seguía manipulando: “Cualquier cosa que decía mi hijo, la metía al juzgado. Realmente comprendí que no era conveniente que siguiera viendo a su padre. Lo intenté por fuera y luego en el sistema, pero fue inútil. Seguía inventado cosas para quitármelo”.

Cuenta que el hombre solicitó reducir la pensión, a pesar de que gana 156 mil pesos mensuales: “Ahorita le quitan 20 por ciento. Su plan es quitarme a mi hijo y la guarda y custodia porque no quiere dar pensión. Le duele mucho el dinero”.

Después, la jueza le concedió videollamadas con el menor martes y jueves: “En realidad, son interrogatorios. Él se la pasa preguntándole todo, muy agresivo, quiere saber todo lo que hacemos. Le saca información y luego la manda al juzgado. Mi hijo se ha fastidiado tanto que ya le cuelga a su papá a los 10 minutos, a pesar de que estas llamadas deben durar media hora”.

Comenta que cuando se ex esposo se convirtió en magistrado la jueza cambió. “En cuanto él le mandó su nombramiento, en automático, ella cambió conmigo y se puso a favor de él”.

Miles de casos

Oribel afirma que a pesar de haber denunciado a su ex esposo por violencia familiar, la jueza Cabañas Herrera autorizó convivencia de tránsito al padre de su hijo: “Aún cuando tengo medidas de protección y hay una denuncia de violencia, la jueza concede las convivencias y todo, a pesar de que hay una amenaza verbal y por escrito de que se quiere llevar al menor”.

Agrega que en diciembre pasado exigió llevárselo a Tamaulipas, algo que verdaderamente afectaría al menor por sus padecimientos. “Es un despropósito porque él no sabría cómo aplicar los cuidados que requiere, no sabe cuáles son; siempre los omitió en las convivencias”.

En realidad, explica, lo que su ex marido pretende es evadir el pago de la pensión, porque en el caso de que exista una discapacidad, el pago es de por vida. “No es que él ame a mi hijo; en realidad, lo único que le interesa es el dinero”.

Añade: “El hecho de separar al menor de su madre es un acto terrible. Necesita cuidados que siempre le he proporcionado. Él está acostumbrado a mí, yo le doy todas las atenciones; además, necesita seguir recibiendo tratamiento médico”.

Dice que cada vez que le pregunta si quiere ver a su papá, contesta que no y que no está listo. “Está muy cansado y decepcionado de su padre. Cuando la jueza me acusa de manipular a mi hijo, le explico que a un niño con autismo no se le puede manipular; dice lo que les sale del corazón”.

Angustiada, demanda que el Poder Judicial comprenda todas las aristas de su caso. “Pido que no me quiten a mi hijo. Tengo miedo de que las convivencias de tránsito se las autoricen, a pesar de que he metido amparos y todos me los ha rechazado el juez de Naucalpan y solicita que me multen. Me han aplicado multas de 10 mil pesos, y ya inventó que estoy violentado al menor.

“Es un esquema que usan algunos hombres para no regresar a los hijos después de las convivencias. Es el mismo modus operandi de la violencia vicaria que sufrimos miles de mujeres en México”, subraya.