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Destaca Álvarez-Buylla el valor inclusivo de la ley de humanidades y tecnología
 
Periódico La Jornada
Domingo 18 de enero de 2026, p. 7

La Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación “no violenta ningún principio, derecho, artículo de la Constitución y tampoco excluye a nadie. Lo que no permite es el despojo de los recursos del pueblo de México a favor de intereses creados, que es lo que permitía la ley de (Vicente) Fox”, afirmó Elena Álvarez-Buylla Roces, ex directora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, hoy Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

En la presentación del libro La primera Ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación, comentada por la comunidad para el pueblo de México. Hermenéutica y clarificación de una ley transformadora, en el que más de 100 investigadores de todo el país analizan esa norma, destacó que a su llegada al extinto Conahcyt, en 2019, más de 44 mil millones de pesos se transferían, de forma directa o indirecta, a organismo privados y empresas a través de las universidades públicas.

Existían 91 fideicomisos, que “ya no se permiten con la ley mencionada, porque antes de cada peso que se destinaba a ciencia, tecnología e innovación, 50 centavos, es decir, 50 por ciento de los fondos públicos, se iban al sector privado, incluidos recursos para becas.”.

En la librería Rosario Castellanos del FCE, recordó que pese a las críticas de un sector de la academia y la comunidad científica, el nuevo marco jurídico garantiza el derecho humano a la ciencia, que es habilitador de otros derechos esenciales, como la educación, pues permite que todo el conocimiento que se genere con fondos públicos sea de acceso universal.

Raymundo Espinosa Hernández, experto en derecho constitucional, destacó que dicha norma ha sido reconocida por la ONU, como una de las más avanzadas del mundo por el reconocimiento de que el saber científico es un derecho humanoque habilita otros.

Otro aspectos central es la defensa de la soberanía científica y tecnológica de México, que cobra relevancia en el actual contexto mundial, y frente al gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, que "hace evidente que cada vez más debemos apostar por el desarrollo de nuestros avances científicos y tecnológicos, y acabar con la dependencia de otras naciones".