A pesar de que la inversión en pensiones y programas prioritarios registró un crecimiento real de 251 por ciento entre 2019 y 2025, el sur del país continúa concentrando los mayores desafíos de desigualdad. Datos del informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2026, que la Secretaría de Bienestar publicó esta semana en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), indican que Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla continúan como las entidades que mantienen los mayores índices de rezago social, por lo que la estrategia de distribución de recursos del ejercicio fiscal 2026 priorizará estas zonas.

El documento destaca que México logró una disminución histórica en la precariedad: 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. Gracias a esto, el porcentaje de población en situación de pobreza a escala nacional descendió hasta ubicarse actualmente en 29.6 por ciento. El informe subraya que el país contribuyó con 60 por ciento de la reducción de la pobreza en América Latina en el último periodo, logrando una baja anualizada de 2.3 puntos porcentuales, la cifra más alta de la región.

El documento revela que mientras el total del país registró esa baja generalizada, en Chiapas 66 por ciento de la población permanece en situación de pobreza. Le siguen Guerrero, con 58.1 por ciento; Oaxaca, con 51.6; Veracruz, con 44.5, y Puebla, con 43.4 por ciento. Estas cifras contrastan con las de la frontera norte, donde estados como Baja California y Baja California Sur reportan índices de apenas 9.9 y 10.2 por ciento, respectivamente.

“Para dar continuidad a la reducción sistemática de la pobreza resulta necesario mantener a las personas de los sectores históricamente más desatendidos como eje central de las políticas públicas, promover prácticas de honestidad y austeridad y diseñar planes, programas y acciones guiados por la justicia social”, señala.

El reporte atribuye el éxito en la reducción de la pobreza a la combinación de transferencias directas y la recuperación del poder adquisitivo; destaca que el salario mínimo creció 257 por ciento nominal en los últimos años.

Para sostener esa tendencia, el gobierno blindará la política social con una inversión cercana al billón de pesos este año y focalizará el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en las comunidades más rezagadas del sur, a fin de financiar obras de agua, drenaje y vivienda para igualar las oportunidades de desarrollo.