Domingo 18 de enero de 2026, p. 16
Washington. El ministro del Interior y Justicia venezolano, general Diosdado Cabello, mantuvo conversaciones con funcionarios del gobierno estadunidense meses antes de la operación de Washington para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y la comunicación continuó después del ataque, reveló Reuters.
Por otro lado, se conoció que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha estado en el radar de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) durante años y en 2022 incluso fue etiquetada como un “objetivo prioritario”, según registros de la agencia obtenidos por Ap.
La comunicación con Cabello, de 62 años, se remonta a los primeros días de la actual administración del presidente Donald Trump y continuó tras la salida de Maduro, de acuerdo con las fuentes citadas por la agencia Reuters.
El ministro, que fue sancionado por Washington, figura en segundo lugar en la acusación por narcotráfico formulada por el Departamento de Justicia contra Maduro, pero no fue capturado en la operación del 3 de enero.
De acuerdo con los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, esta comunicación es crítica para los esfuerzos de la Casa Blanca por controlar la situación dentro de Venezuela.
Cabello, ex oficial del ejército considerado como la segunda figura más poderosa de Venezuela, ha trabajado durante años con Rodríguez en el seno del gobierno, pero nunca han sido aliados cercanos.
Estados Unidos presenta a Rodríguez como el eje de su estrategia en la Venezuela pos-Maduro, y se cree que Cabello tiene el poder de apoyar esos planes o desbaratarlos en caso de que decida desatar las fuerzas que controla.
En este contexto, se difundió ayer que Delcy Rodríguez, de 56 años, figura en los archivos de la DEA desde 2018 con señalamientos que van desde el narcotráfico hasta el contrabando de oro.
Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos nunca la acusó públicamente de ningún delito, aunque en 2018 la sancionó, pero no por un tema de corrupción, sino por considerarla una pieza clave para “solidificar” el “gobierno autoritario” de Maduro.
En los documentos obtenidos por Ap se afirma que Rodríguez utilizó hoteles en la isla Margarita “como fachada para lavar dinero”; también se le vinvula con Alex Saab,quien fue arrestado por las autoridades estadunidenses en 2020 bajo cargos de lavado de dinero e indultado en 2023, como parte de un intercambio de prisioneros entre Caracas y Washington.
Los registros de la DEA no aclaran por qué Rodríguez fue elevada a “objetivo prioritario”, designación para sospechosos con un “impacto significativo” en el tráfico de drogas. Kurt Lunkenheimer, ex fiscal federal en Miami, explica que la presidenta “estaba en ascenso”, pero que “hay una diferencia entre eso y la evidencia que respalda una acusación”.
Como canciller y luego vicepresidenta encargada, la mandataria venezolana, a quien Trump llamó esta semana “persona maravillosa”, trabajó para atraer inversiones estadunidenses durante el primer gobierno del republicano.
En 2017, ordenó a la petrolera estatal donar 500 mil dólares al comité de investidura de Trump, como parte de una estrategia para acercarse al entonces presidente electo.











