éxico suele asumir que sin tratados comerciales no hay futuro económico. Esa idea se ha instalado con tal fuerza que cualquier cuestionamiento al T-MEC se interpreta como una amenaza existencial. Sin embargo, la evidencia histórica muestra que el desempeño económico del país ha dependido mucho más de la existencia –o ausencia– de una estrategia deliberada de desarrollo que de la firma de acuerdos comerciales.
Entre 1934 y 1982, la economía mexicana registró el periodo de mayor dinamismo de su historia moderna. El PIB real creció a una tasa anual cercana a 6 por ciento y el PIB real por habitante alrededor de 3 por ciento. Ese crecimiento sostenido durante casi cinco décadas no fue producto de tratados comerciales ni de un contexto externo automático, sino de una estrategia clara: un Estado activo, inversión pública, política industrial, banca de desarrollo y fortalecimiento del mercado interno. México creció sin tratados, pero con proyecto.
Ese patrón se rompe en 1982 con la crisis de la deuda. A partir de entonces, el objetivo central de la política económica deja de ser el crecimiento y pasa a ser la estabilización macroeconómica. Este viraje se consolida en 1994 con la entrada en vigor del TLCAN y, posteriormente, con el T-MEC. Desde entonces, la apertura comercial y la integración externa no sólo sustituyen a la política de desarrollo, sino que quedan jurídicamente blindadas mediante un conjunto de obligaciones que reducen de manera sustantiva el margen de acción del Estado mexicano.
Conviene subrayarlo con claridad: el T-MEC no es únicamente un acuerdo comercial. Es un tratado que impone reglas estrictas sobre inversión extranjera directa, trato nacional, no discriminación, compras públicas, solución de controversias y límites explícitos a la política industrial. En los hechos, obliga a México a otorgar a la inversión extranjera un trato equiparable o superior al de la inversión nacional, restringe el uso de requisitos de desempeño, limita la posibilidad de orientar compras gubernamentales y reduce el espacio para aplicar subsidios, contenido nacional o estrategias de desarrollo de proveedores.
El resultado ha sido un crecimiento claramente inferior. Entre 1994 y 2018, el PIB real creció alrededor de 2.3 por ciento anual y el PIB real por habitante cerca de 1.1 por ciento. En el periodo más reciente, entre 2018 y 2025, el crecimiento del PIB real se ha ubicado alrededor de uno por ciento anual y el crecimiento per cápita ha sido prácticamente nulo. El estancamiento no es coyuntural: refleja una estructura productiva que crece poco porque carece de instrumentos para transformarse.
En este contexto, la discusión sobre el posible fin del T-MEC ha generado alarma en México, como si su desaparición implicara el colapso del comercio con Estados Unidos. Esa lectura es equivocada. La relación comercial entre México y Estados Unidos es estructural y geográfica: proximidad territorial, cadenas productivas integradas, costos logísticos y complementariedades industriales. El comercio bilateral existía antes del TLCAN y continuaría aun sin un tratado preferencial, porque responde a realidades productivas profundas y a decisiones empresariales, no a la sola existencia de un marco jurídico.
En términos económicos, la salida del T-MEC no implicaría menos comercio con Estados Unidos, sino el mismo comercio bajo reglas distintas, acompañado de un mayor margen para ejercer políticas de desarrollo hoy jurídicamente restringidas. Sin tratado, México seguiría exportando e importando, pero recuperaría instrumentos de política económica: podría redefinir su régimen de inversión extranjera, establecer criterios de contenido nacional, utilizar compras públicas estratégicamente, orientar subsidios hacia sectores prioritarios y reconstruir una política industrial coherente.
La experiencia internacional refuerza esta conclusión. Las principales economías han abandonado el dogma del libre comercio irrestricto y aplican políticas industriales activas, incluso incumpliendo el espíritu de sus propios acuerdos. Estados Unidos subsidia sectores estratégicos, utiliza compras públicas y protege industrias claves sin que ello implique el fin del comercio internacional. El mensaje es claro: el comercio continúa, pero la política económica se recupera.
Por ello, el verdadero dilema no es tratado sí o tratado no. Hay México con tratado y hay México sin tratado; lo decisivo es si existe o no una estrategia de desarrollo. La evidencia histórica sugiere que la economía mexicana ha funcionado mejor cuando el margen de política ha sido mayor, incluso en ausencia de tratados, que cuando ese margen ha estado jurídicamente constreñido.
En ese contexto, cabe preguntarse si resulta razonable comprometer los últimos márgenes de política económica para preservar un marco que no ha demostrado ser un motor sostenido de crecimiento y que, además, limita de manera estructural la capacidad del Estado para corregir sus propias debilidades productivas.
* Director general del CIDE
