n 1986, Ronald Reagan redactó la directiva declarando al narcotráfico como un problema de seguridad nacional. Esta firma fue culminante de la primera metamorfosis de la guerra irregular, donde aparecía protagonizada por las agencias de inteligencia, en particular, la Administración de Control de Drogas defendida siempre por Joseph Biden. Para ese momento, era claro un tire y afloje de la Casa Blanca y el Congreso sobre el control de las aventuras imperiales desde décadas atrás. Cuando el Congreso observó el desastre de la guerra de Vietnam intentó poner un freno con la War Act, pero el presidencialismo estadunidense inventó la “guerra contra las drogas” pudiendo abrir la posibilidad de usar ingentes recursos de los impuestos de los Estados Unidos para sus tareas intervencionistas. Así, la lucha antinarcóticos empezó a aparecer en el currículo de la Escuela de las Américas e inauguró un nuevo capítulo de la guerra irregular.

Su aplicación en nuestro continente fue en Colombia con la tozuda narrativa de las “narco-FARC”, de que el conflicto armado en ese país había acabado con la Constitución de 1991 y que, a partir de ahí, sólo quedaban actores armados sin ideología sedientos de dinero cuyo objetivo era acrecentar sus arcas en los mercados de la cocaína. Eso dividió las izquierdas armadas y no armadas. Con este discurso instalado, las élites colombianas y EU redactaron el Plan Colombia “para salvar a ese país de la amenaza narcotraficante”, convencieron al Congreso de los Estados Unidos y transfirieron una serie de recursos y poderes a agencias de inteligencia, empresas privadas del complejo militar y a la fiscalía general colombiana para apuntalar sus intereses geoestratégicos. Esta “guerra” fue un modo de ejercer el poder estatal, en Estados Unidos y en Colombia.

Loïc Wacquant, sociólogo estadunidense, ha insistido que el ala militar/penal y el ala asistencialista se puso con más evidencia en el día a día de la ciudadanía estadunidense. En América Latina, “la certificación” fue una forma de gobernanza iliberal como señaló Dominic Corva, a la que todos los dirigentes terminaron arrodillándose; entre más avanzó la “guerra contra las drogas”, más se deterioraron los derechos humanos, políticos y sociales de la población. Así conocíamos el mundo hasta Donald Trump. La segunda etapa de la guerra irregular se gesta mientras las potencias mundiales apuntalan sus espacios vitales (hemisferio occidental, Euroasia, Asia) y terminan de resolver el dilema de Tucídides, si negocian o se confrontan. De las múltiples aristas de la doctrina Trump, un nuevo marco formal se está gestando. Desde el principio de su presidencia, el gobierno de EU ha intentado convertir a los cárteles en grupos terroristas, un problema de seguridad nacional. Esta construcción jurídica y narrativa es la que le permitió el despliegue de las fuerzas navales al Caribe y adicionalmente, bombardear a los pescadores y tripulantes de lanchas con la excusa de ser narcotraficantes combatientes de grupos que amenazaban la seguridad nacional estadunidense.

Esta metamorfosis le dio –según sus cálculos– la posibilidad de 60 días de ejecución de hostilidades sin necesidad del permiso del Congreso estadunidense. Paradójicamente, secuestró a Nicolás Maduro y argumentó la legalidad de esa operación con una idea contraria: no necesitaba permiso del Congreso porque no era una operación sobre un delincuente, no un combatiente. Cada día sabemos algo nuevo, por ejemplo, que violó el principio de no perfidia al pintar un avión militar de civil para acercarse lo suficiente a los pescadores –considerados combatientes– y asesinarlos. También se sabe que mató deliberadamente a varios sobrevivientes de los ataques a las lanchas en el Caribe, violando el principio de distinción. Esta percepción de total impunidad reflejado en este juego de brincar entre argumentos jurídicos, violándolos todos, está formalizando una nueva etapa de la guerra irregular. La prueba es que en septiembre de 2025 se publicó la nueva política de guerra irregular definida –en sus términos– como el uso indirecto, no atribuible o asimétrico llevado a cabo por estados o actores no estatales, para disputar la legitimidad e influencia del enemigo, y fortaleciendo la propia y la de sus aliados. En este documento le otorgan el estatus formal dentro del marco de acción de las fuerzas conjuntas y se creó el Centro de Guerra Irregular donde se guiará la guerra no convencional, el contraterrorismo y la contrainsurgencia, la asistencia a fuerzas extranjeras de defensa y seguridad interna, las actividades de estabilización, la financiación de amenazas y de delincuencia organizada transnacional, las operaciones de asuntos civiles, operaciones de apoyo a la información militar y las operaciones en el entorno de la información.

Dice el documento que es fundamental la preparación de las operaciones de las fuerzas especiales con las ciencias sociales, los idiomas, y el conocimiento cultural y regional. El ejemplo de cómo operarán que publican es el siguiente: “en una nación costera aliada que se enfrenta a la coerción de una red criminal, un pequeño equipo de Fuerzas de Operaciones Especiales se despliega para trabajar con la policía marítima del país anfitrión. Durante varios meses, el equipo ayuda a mapear los flujos financieros ilícitos, capacita a una unidad de abordaje seleccionada en el uso de equipos de bajo costo y fáciles de usar, y establece una sencilla célula de información que contrarresta la desinformación compartiendo resultados verificados de incautaciones y mensajes de seguridad para la comunidad.

Paralelamente, proyectos de asuntos civiles restauran un muelle dañado por una tormenta para reducir la dependencia de la comunidad de la economía del contrabando. La fuerza aliada lidera cada operación de interdicción, mientras que las Fuerzas de Operaciones Especiales mantienen un papel de asesoramiento. A medida que las detenciones perturban los ingresos de la red y el público recupera la confianza en las autoridades locales, la nación anfitriona mantiene las operaciones con una presencia mínima de Estados Unidos, un resultado ejemplar de la guerra irregular: erosionar la influencia del adversario, fortalecer la legitimidad del socio y negar la libertad de acción a los actores malintencionados”.

Estas serían las condiciones en su espacio vital (nuestro hemisferio), la vida cotidiana en el tecnofeudalismo militarizado con el riesgo de ser siervos de la nueva guerra sin los mínimos principios de proporción, distinción o no perfidia. Bajo estos criterios, a Renee Goods, la FBI la asesinó y justifica el actuar del ICE creándole un perfil post mortem de terrorista.

* Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana A la Orilla del Río. Su último libro es Levantados de la selva