unos meses de que comience la revisión del T-MEC para decidir si se deja expirar, se extiende su vigencia o se sustituye por otro acuerdo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el tratado con México y Canadá “no tiene ninguna ventaja real, es irrelevante”. Sostuvo que “a Canadá le encantaría; Canadá lo quiere, lo necesita, pero nosotros no necesitamos su producto. No necesitamos coches fabricados en Canadá. No necesitamos coches fabricados en México. Queremos traerlos aquí. Y eso es lo que está pasando”, en referencia a su política de aranceles y amenazas para obligar a los fabricantes a trasladar la producción a territorio estadunidense.
Es notoria la incongruencia trumpiana, pues resulta evidente que no se pone tanto esfuerzo en sabotear algo que se considera irrelevante. Asimismo, con sus ataques actuales olvida que el T-MEC lo negoció él mismo y seis años atrás lo llamó el mejor acuerdo de la historia, en línea con su costumbre de calificar todos sus actos como los mejores. Más allá de tales contradicciones, las declaraciones del magnate deben entenderse tanto en el contexto de su idea de negociaciones basadas en extorsionar a sus contrapartes como en la intención que ya ha manifestado de sustituir el espacio de libre comercio trilateral por tratados bilaterales, en los que Washington gozaría de superioridad para imponer sus términos debido al tamaño de su economía y al viejo principio de dividir para vencer. Esta agresiva postura indudablemente afecta a México y a Canadá, pues las meras palabras de Trump siembran una incertidumbre que frena o ralentiza inversiones, impide a los agentes económicos planificar a mediano o largo plazos, y desestabiliza las cadenas productivas de forma duradera.
El problema para el republicano es que no sólo daña a sus países vecinos y a los estadunidenses de a pie, sino también a poderosos intereses económicos, así como las perspectivas electorales de su partido y la supervivencia de su proyecto oligárquico. Con los ataques a sus principales socios comerciales, Trump se ha metido en una situación en la que incluso ganando, perdería: si consuma su propósito de forzar una migración masiva de fábricas (automotrices y otras) a Estados Unidos, el resultado inmediato sería un incremento insostenible de costos a causa de las diferencias salariales. Dado que en estos momentos ya existe un elevado –y creciente– malestar entre los consumidores estadunidenses con los precios de todo tipo de productos, cualquier alza significativa tendrá efectos políticos ineludibles. No sólo eso: la industria estadunidense enfrenta enormes dificultades para competir con la mucho más eficiente y moderna producción china; su resiliencia se basa en la reducción de costos articulada en torno al T-MEC, y desbaratar el tratado borraría toda chance de competitividad. Además, quizá el mandatario pueda presionar a la industria a repatriar sus plantas, pero no puede obligar a los trabajadores a tomar empleos fabriles que en esa sociedad se encuentran en muy baja estima y sólo atraen a los migrantes, a quienes Trump se ha propuesto erradicar. Por lo tanto, la consigna de “Estados Unidos primero”, tal como la aplica la actual Casa Blanca, puede sellar el declive definitivo de ese país como la indiscutible potencia hegemónica global.
Como aprendió a la mala el anterior primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el peor error sería entrar en el juego de negociar por separado e intentar agradar a Trump atacando al tercero en discordia. Por el contrario, tanto México como Ottawa han de tener claro que su mejor oportunidad de salir avante de la embestida trumpiana consiste en mantenerse unidos y mostrar al magnate los costos internos que enfrentará si persiste en su unilateralismo.
