Al asegurar que 70 por ciento de los proyectos de presupuesto participativo son de obras y servicios, como bacheo y colocación de luminarias, que corresponden a las alcaldías realizar, la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Erika Estrada, apremió a reformar la ley local de participación ciudadana, pues la normativa vigente “ya dio todo lo que tenía que dar”.

En conferencia de prensa, expuso que se requiere una simplificación de la consulta sobre presupuesto participativo, así como garantizar que los proyectos se realicen un año después de ser elegidos, a fin de garantizar su realización y transparencia, ya que en la actualidad, por la premura muchas obras se realizan mediante invitación restringida, y en muchos casos “estamos viendo su deficiencias”.

Cambiar a dictaminadores

Asimismo, pidió que se modifique la integración de los órganos dictaminadores y los tiempos para realizar su trabajo, pues con la ley vigente, en el lapso de un mes deben analizar la viabilidad de más de 20 mil propuestas ciudadanas.

“Seamos muy responsables, pidió, y preguntó: ¿Con qué seriedad se puede hacer este trabajo si todo pasa tan rápido y prácticamente se realiza de forma mecánica? Prácticamente se hacen montoncitos de cuáles sí y cuáles no, y no se entra a detalle en las necesidades de la ciudad.

“No se analiza cuál es el plan general de desarrollo de nuestra ciudad, no se consulta a las distintas secretarías, como la de Medio Ambiente y la de Movilidad.

Casos específicos

“Estamos hablando de que se requiere trabajar en proyectos que también tengan que ver con discapacidad”, dijo Estrada, al referir que hay casos como la construcción de rampas que no funcionan porque no se ejecutan debidamente, pues no cuentan con el ancho ni las medidas de inclinación necesarias para que una persona en silla de ruedas pueda usarlas.

Otra modificación, agregó, debería ser al capítulo de las comisiones de participación ciudadana para que la figura del vecino que es enlace con la alcaldía tenga mayores incentivos para realizar su actividad, como exenciones fiscales al impuesto predial.