ras una breve llamada telefónica con su homólogo estadunidense, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que está descartada una intervención militar de Washington en México. En su conferencia de prensa matutina, la mandataria informó que se abordaron el respeto a la soberanía, seguridad y comercio, y dio a conocer que una vez más el neoyorquino le ofreció “ayuda” con el envío de tropas para combatir a los cárteles, propuesta que rechazó de nueva cuenta.
Aunque todo indica que la conversación discurrió en un tono cordial, de respeto mutuo y que de momento se encuentra apaciguado el afán del magnate por trasladar a nuestro país sus delirios bélicos, es evidente que la amenaza permanece latente. Así lo mostró la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, al hablar de una “excelente conversación con la Presidenta de México”, para a continuación añadir que el principal objetivo de Trump “es frenar el flagelo del narcoterrorismo que está destruyendo comunidades en todo el país y está dispuesto a usar cualquier herramienta a su disposición para salvar vidas estadunidenses”. Horas antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, instó al canciller Juan Ramón de la Fuente a fortalecer la cooperación contra “violentas redes narcoterroristas”.
Dicho lenguaje no habla de cooperación, sino de coerción: debe recordarse que en la legislación estadunidense calificar a una persona u organización de “terrorista” abre la puerta a acciones armadas por encima de las leyes locales e internacionales. De este modo, la errónea clasificación de las organizaciones criminales como terroristas no es una estrategia de combate al delito, sino un pretexto para el abuso de la fuerza, como se ha demostrado en el bloqueo homicida contra Cuba, la prolongada ocupación colonial de Afganistán e Irak, las ejecuciones extrajudiciales contra tripulantes de embarcaciones en el Caribe y el secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro.
Mientras la Casa Blanca porfíe en la confusión del fenómeno delictivo y el terrorismo, y en tanto Trump ubique su “propia moralidad” como único freno a sus acciones, sin ninguna consideración por las leyes o los derechos humanos, ni México ni ningún otro país puede dar por sentado que se encuentra a salvo de agresiones por parte de Estados Unidos, un hecho que las autoridades deben tener presente en cualquier interacción con sus contrapartes de Washington. La cabeza fría y la habilidad para esquivar las provocaciones del magnate no pueden confundirse con ingenuidad respecto a las intenciones del republicano.
Por último, quienes justifican cualquier exceso en el nombre del combate al narcotráfico y las adicciones harían bien en recordar que Trump y sus antecesores no han usado “cualquier herramienta a su disposición para salvar vidas estadunidenses”: no han articulado una política medianamente coherente de prevención, no han actuado contra las farmacéuticas que provocaron la epidemia de dependencia a los opioides, no hacen nada para sacar a la luz y desmantelar a los grandes grupos criminales que operan en su propio territorio, toleran abiertamente el consumo de estupefacientes entre las clases medias y altas y, ante todo, promueven un sistema financiero y un entorno empresarial que han hecho de su país el mayor centro de lavado de dinero del planeta. En vez de “ofrecer su ayuda” para exportar una estrategia de violencia que nunca ha dado resultados en la reducción del narcotráfico, el trumpismo tendría que enfocarse en arreglar el desastre doméstico; por ejemplo, destinando al tratamiento de las adicciones las decenas de miles de millones de dólares que derrocha en cacerías humanas contra migrantes cuya única falta ha sido creer en el mito del sueño americano.
