Tres ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrán confirmar la decisión del pleno anterior que, en mayo de 2025, admitió la revisión de dos controversias constitucionales y concedió suspensiones a la presidenta municipal de Acapulco, Guerrero, la morenista Abelina López Rodríguez, las cuales la protegen por tiempo indefinido de enfrentar un eventual juicio de revocación de mandato y una auditoría por el presunto manejo irregular de 898 millones de pesos en recursos federales.

En la lista preliminar del próximo miércoles se incluyeron cuatro proyectos que resuelven recursos de reclamación contra la admisión de esos juicios y las medidas cautelares otorgadas, promovidos por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) y el Congreso local.

Las controversias 174/2025 y 176/2025 fueron presentadas por Abelina López, a través del síndico municipal Miguel Jaimes Ramos, para frenar un posible proceso de revocación de mandato y los requerimientos de información formulados por la auditoría local sobre la fiscalización de la cuenta pública 2023, en particular respecto al uso de recursos federales del ramo 33 y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun).

En junio del año pasado, la ministra Yasmín Esquivel Mossa concedió a la morenista la suspensión contra un eventual proceso de revocación de mandato; ese mismo mes, el hoy ministro en retiro Javier Laynez Potisek otorgó una medida cautelar similar, pero contra la revisión de las finanzas del municipio.

Ambas suspensiones permanecerán vigentes hasta que el pleno de la Corte resuelva las dos controversias.

En tres proyectos, de María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra y de Giovanni Azael Figueroa Mejía se declaran infundadas las impugnaciones de la ASE y del Congreso local.

En el recurso de revisión 41/2025 contra el incidente de suspensión, el ministro Giovanni Figueroa propone confirmar la medida cautelar que ordena a la Auditoría local no continuar con la fiscalización de recursos federales, al considerar que esa facultad corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación, pues –señala– “se estima satisfecha la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora”, ya que existen actos de ejecución derivados de requerimientos de información sobre aportaciones federales.

A diferencia de los tres proyectos anteriores, en el 39/2025 –también de la ministra Herrería Guerra– la Corte da la razón a la ASE para reconocerla como autoridad demandada, luego de que en su momento el ministro Laynez la excluyera del juicio.