De la misma forma que ocurre con los grupos de diversidad sexual, las acciones afirmativas (AA) han sido mal utilizadas en el caso de los pueblos indígenas y las personas con discapacidad, pues las candidaturas supuestamente reservadas para dichos grupos en situación de vulnerabilidad se utilizan de manera equivocada, alertaron legisladores de diversos partidos.

A decir del diputado Juan Armando Ruiz Hernández (MC), quien llegó a la Cámara de Diputados bajo el esquema de las AA, la forma de usurpar candidaturas viene de la mano, en primer lugar, de la falta de regulación para determinar con claridad qué se entiende por dicho concepto.

De esta forma, se puede registrar como discapacidad lo que en realidad es una enfermedad o una condición que no necesariamente es discapacitante por completo, como el uso de anteojos, la pérdida parcial del oído o la amputación de un dedo, lo que permite la realización de “fraudes”, denunció el ex atleta paralímpico.

“En el caso de nosotros, ya existe una credencial o certificado de discapacidad que otorgan instancias oficiales, pero los partidos no saben que existen esos documentos y que deben exigirlos para respaldar sus candidaturas. Las AA se han distorsionado, se han pervertido por gente oportunista y para permitir que los partidos beneficien a sus amigos”, lamentó.

Ruiz, abogado de profesión, coincidió en que no basta la autoadscripción para dar por bueno que una persona tiene una discapacidad, igual que ocurre con la diversidad sexual, por lo que una posible solución es crear “registros nacionales” donde se acredite que alguien efectivamente pertenece a un colectivo históricamente vulnerado, pero que además tiene una militancia y una agenda relacionada con ello.

Para el emecista, “toda persona que se beneficia de una AA sin pertenecer a ese sector está cometiendo una usurpación y, como tal, debería ser sancionada con la pérdida del cargo y con las penas que el Código Penal establece por usurpación”, además de establecerse el tipo penal de “fraude” en las leyes electorales.

De igual forma, hizo ver que en muchas ocasiones los partidos envían a los candidatos con discapacidad a la parte más baja de sus listas de plurinominales, a sabiendas de que no van a conseguir un sitio como legisladores, o les permiten ser abanderados, pero en los distritos donde saben que no tienen fuerza.

“Es una simulación, porque no te mandan a los bastiones del partido, sino donde siempre han perdido. Sólo el partido mayoritario se puede dar el lujo de ponerte en su lugar 9 de la lista de plurinominales, y que entres. A muchos los incluyen, pero los condenan a perder”, denunció.

Preferible, una sanción moral

Un eje temático más de las AA que ha sido espacio de abusos es el de los pueblos indígenas y afromexicanos, donde nuevamente la autoadscripción “ha sido mal utilizada por personas que no representan las causas” de dichos sectores poblacionales, denunció la diputada morenista Irma Juan Carlos.

“Es una triste realidad que sucede en todos los espacios conquistados por AA. Sé de casos en varios partidos, pero no quisiera dar los nombres, porque es delicado el tema”, señaló la legisladora chinanteca, originaria del municipio de Santiago Jocotepec, en el estado de Oaxaca.

La autoadscripción como indígena o afromexicano, estimó, “debería ser un derecho de quienes desean pertenecer a un pueblo, pero la representación política además debería considerar que efectivamente son parte de la vida comunitaria y hablan una lengua”.

Además, debería existir como filtro un “aval de la comunidad para quien quiere participar a nombre de ella, que extienda un tipo de documento que acredite que es de ahí y le otorga su respaldo y consentimiento. Es delicado, porque los candidatos pueden argumentar que se violan derechos individuales, pero siempre hemos peleado que la colectividad debe prevalecer”.

Además de estos elementos, en la reforma político-electoral de Sheinbaum se debe contemplar un castigo para los usurpadores, pero sólo como inhabilitación o pérdida de derechos políticos.

“No una sanción penal ni económica, sino una llamada de atención que permita a quienes quieran recurrir a la usurpación de identidad que se detenga a pensar un poquito sobre las posibles consecuencias de sus actos”, consideró.