espués de bombardear Venezuela y secuestrar al presidente Nicolás Maduro, el trumpismo prosigue sus amenazas de conseguir por la fuerza todos sus objetivos de política exterior y deshacerse de quien desafíe su voluntad, sea enemigo, rival, socio o aliado. El propio Trump amenazó a Delcy Rodríguez, la anterior vicepresidenta venezolana que asumió la titularidad del Ejecutivo, con “hacerla pagar un precio muy alto, tal vez mayor al de Maduro”, si no se somete a sus órdenes; mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que Washington juzgará todo lo que haga Caracas y sólo trabajará con sus dirigentes “si hacen lo correcto”. Ambos reiteraron el propósito de destruir a la Revolución cubana, y el mandatario, sin que viniera a cuento, volvió a amenazar con la anexión de Groenlandia, ex colonia de Dinamarca que esta monarquía administra bajo la figura de “territorio autónomo”.
El elemento más llamativo de las declaraciones realizadas por Trump, Rubio y otros halcones republicanos en entrevistas y conferencias de prensa reside en su ninguneo a la ultraderecha venezolana nucleada en torno a la ex diputada María Corina Machado. Es notorio el desconcierto prevalente entre los sectores políticos y mediáticos afines al imperialismo estadunidense, quienes daban por sentado que el secuestro del líder chavista sería seguido por la inmediata imposición de un gobierno títere presidido por Machado (de manera directa o a través de su hombre de paja, el desdibujado Edmundo González Urrutia). Cuando celebraban la agresión imperial como una “restauración de la democracia”, dichos grupos recibieron baldazos de agua fría desde la Oficina Oval, donde la golpista es descalificada y, hasta ahora, parece privilegiarse un entendimiento con las autoridades legítimas antes que una nueva aventura de “transición” inducida.
Al otro lado del Atlántico, el amago contra la integridad territorial de Dinamarca devolvió rápidamente a la realidad de lo que significa el trumpismo a las capitales que horas antes saludaron o condenaron con tibieza la intervención en el Caribe. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, enfatizó que “Estados Unidos no tiene derecho a anexionarse ninguno de los tres países del reino de Dinamarca” y lo “instó encarecidamente” a que cese las amenazas de anexionarse Groenlandia, un posicionamiento alineado con el que su cancillería mantiene acerca de la intervención estadunidense en Venezuela: el ministro de Relaciones Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, la consideró una grave escalada y llamó a “mantener el respeto por las reglas internacionales del juego”. La postura danesa se ve debilitada por la insistencia de la Unión Europea en arrogarse la facultad de decidir quién es el presidente legítimo de la nación caribeña y decir a los venezolanos cómo llevar sus asuntos internos. Con su doble rasero, los líderes del Viejo Continente facilitan a Trump acrecentar su poder e influencia, una actitud suicida frente a un individuo que ya plasmó en su Estrategia de Seguridad Nacional la intención de remplazar a los gobernantes liberales de Europa con neofascistas a su imagen y semejanza.
Desde México, cabe recordar que durante el primer periodo presidencial de Donald Trump (2017-2021) el gobierno basó la relación con el magnate en la premisa, entonces casi siempre acertada, de que sus bravuconadas y groserías eran erupciones de su personalidad narcisista o guiños retóricos a su electorado más retrógrado, y que sus palabras –por ofensivas que fueran– rara vez se traducían en hechos lesivos para los intereses nacionales. En tal escenario, era sabio soportar las salidas de tono en aras de mantener el vínculo bilateral más importante de México, en el cual pesan la irreversible dependencia económica, la protección de los derechos de millones de mexicanos que residen en Estados Unidos y multitud de asuntos que sólo pueden gestionarse de manera coordinada, desde el manejo de los cursos de agua que atraviesan la frontera hasta el trasiego de armas y estupefacientes.
Sin embargo, en su regreso a la Casa Blanca Trump ha acompañado sus agresiones verbales con actos de violencia muy tangibles en todos los ámbitos: aranceles arbitrarios y desproporcionados, secuestros rutinarios de ciudadanos mexicanos (o de estadunidenses que se “ven” mexicanos bajo los criterios racistas con que opera la cacería de personas), operaciones encubiertas que transgreden la soberanía nacional y amagos cada vez más concretos de una intervención armada, con o contra la voluntad de las autoridades mexicanas. En este nuevo contexto, resulta ineludible preguntarse si es prudente seguir contemporizando con el trumpismo, o si ha llegado el momento de buscar horizontes distintos y aceptar que Washington ya no sólo es el vecino entrometido que siempre ha sido, sino una amenaza inmediata a la supervivencia del país.
Lo que está claro es que ningún gobierno, ni siquiera aquellos que se identifican de manera más estrecha con la agenda trumpista, puede considerar garantizada su sobrevivencia ni el respeto a la soberanía de su país en un mundo en el que Estados Unidos proclama sin cortapisas la determinación de usar su poderío militar para imponer sus intereses, máxime cuando éstos ya no se definen a partir de políticas de Estado –ilegales y abusivas, pero establecidas y predecibles–, sino en función de los apetitos y caprichos de una persona tan volátil como Donald Trump. Sin distingo de signos políticos, todos los dirigentes deben tomar nota de la demolición de la legalidad internacional y prepararse para navegar aguas cada día más turbulentas.
