Buenos Aires. Argentina comenzó el año con un decreto de necesidad y urgencia (DNU 941/2025) emitido por el ultraderechista presidente Javier Milei, que convertirá a este gobierno en una virtual dictadura encubierta, ya que “se trata de crear un servicio de inteligencia con una operatividad similar a un grupo parapolicial, poniendo en riesgo todas las garantías constitucionales y convencionales, además subordinando a las fuerzas armadas, utilizándolas para servir en inteligencia y seguridad interior, violentando el artículo 99 de la Constitución nacional” dijo a La Jornada la abogada Claudia Roca, presidenta de la Asociación Americana de Juristas (AAJ).

La norma “no deja ninguna posibilidad de recurrir a la justicia, que es un tema del Congreso de la Nación, y Argentina no es un país en conflicto, ni en guerra, que amerite en forma alguna las violaciones de todas las normas y convenciones internacionales”, sostuvo.

Añadió que el decreto “está destinado a imponer un Estado represor e imponer las reformas que se vienen para acallar la resistencia política, sindical, de la sociedad toda y, en lo económico, fundamentar un estado depredador. Nos coloca bajo un sistema similar al régimen nazi como el de 1933 en Alemania”.

Los medios locales señalaron que uno de los puntos clave del decreto es la consolidación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) como el órgano rector y superior del sistema, que tendrá entre sus entidades descentralizadas el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la Inspectoría General de Inteligencia.

Hay que recordar que la ciberseguridad argentina está en manos de la inteligencia israelí desde 2017, cuando así lo acordó la actual senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en su visita a Tel Aviv.

“Ya desde esta mañana comenzaron a llover una cantidad de demandas y presentaciones ante la Cámara de Diputados, primero, para pedir la conformación de las comisiones bicamerales de trámite legislativo y la de seguimiento de las actividades de inteligencia. El bloque de Provincias Unidas elevó un pedido a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que ordenen la conformación de las dos bicamerales” señaló El Destape.

Hizo lo propio el bloque de Unión por la Patria por medio de su jefe, Germán Martínez. “No hay necesidad ni urgencia. Llamen a extraordinarias y manden el proyecto de ley”, exigió.

La oposición anunció que actuará en forma inmediata a todos los niveles ante lo que consideran “la mayor amenaza contra la democracia en los últimos tiempos”, afirmó Martínez.

Tanto la Confederación General del Trabajo (CGT) como las dos organizaciones sindicales que conforman la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) emitieron sendos comunicados con un fuerte rechazo a la reforma.

“Nos remontan a experiencias trágicas de nuestro pasado, épocas nefastas de persecución ideológica y violencia social; estas iniciativas, divorciadas de las genuinas prioridades de nuestro pueblo, surgen como el complemento represivo indispensable de un programa económico y social de ajuste continuo que se está llevando a cabo y que no resultará sustentable en el tiempo”, agregó la central.

La CTA sostuvo que el decreto cristaliza una “arquitectura legal para la vigilancia masiva y la persecución política, sindical y social, constituyendo un retroceso gravísimo y un peligro extremo para las libertades individuales”. La SIDE “incrementará su opacidad y su poder sin control parlamentario; todas sus actividades de espionaje pasarán a ser ‘encubiertas’, transformando a los agentes de inteligencia en 'policía secreta' o 'fuerza parapolicial', y habilitando la detención de personas sin orden judicial”, denunció

El gobierno defiende que los cambios buscan “modernizar estructuras, evitar la superposición de funciones y mejorar el intercambio de información estratégica”. Sin embargo, la oposición denuncia la creación de un “Estado policial”.

El Servicio de Paz y Justicia, que preside el Premio Nobel de la Paz (1980) Adolfo Pérez Esquivel, así como Madres, Abuelas de la Plaza de Mayo, y otras organizaciones repudiaron el decreto y anunciaron gestiones a nivel nacional e internacional “porque además están todos los decretos anteriores, que violan todos los derechos humanos de los pueblos y sociales; esto significa el fin de la escasa democracia que nos queda”.

Nota completa en La Jornada Online: https://bit.ly/45mKZQk.