e acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre enero y noviembre de 2025, el gobierno federal destinó más de un billón y medio de pesos al pago de pensiones contributivas, sin considerar las que forman parte de programas sociales. Este monto significa que 18 de cada 100 pesos movilizados por la Federación fueron absorbidos por las pensiones, pero lo más inquietante es que aumentó 8.7 por ciento con respecto al mismo periodo, casi cuatro veces más rápido que el crecimiento de 2.3 por ciento en los ingresos públicos. Aunque las autoridades han tomado diversas previsiones para evitar un colapso financiero, el retiro de millones de trabajadores y el envejecimiento de la población se traducen en un inevitable incremento de los pagos por este concepto.
Además de avivar el debate en torno a la acelerada transición demográfica y la pérdida de la tasa de remplazo –razón por la cual habrá cada vez menos personas en edad laboral para sostener a una sociedad envejecida–, las cifras referidas recuerdan el imperativo de abordar un rediseño fiscal de hondo calado. En este sentido, está claro que el alza del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas y cigarros, así como su aplicación a otros productos y los aranceles de hasta 50 por ciento a mercancías provenientes de países sin tratado comercial con México, supondrán un bienvenido flujo de recursos para el erario. Sólo por tarifas de importación, la SHCP estima recaudar 100 mil millones de pesos más que en 2025. Sin embargo, estos capitales se encuentran muy lejos de cubrir las crecientes necesidades del país, que este año superarán los 10 billones de pesos. Además, la mayoría de los recursos federales proviene de los impuestos sobre la renta y al valor agregado, que juntos suman casi siete de cada 10 pesos captados.
A fin de garantizar un retiro digno a quienes han concluido su vida laboral, el Estado debe pensar más allá de los ajustes puntuales. Si se considera que México está a la cola de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en materia recaudatoria (17.7 por ciento del PIB aquí contra un promedio de 34 por ciento), es evidente que existe un gran margen de maniobra para ampliar los ingresos tributarios sin recurrir a ninguna medida que pueda ser calificada de contraria a la economía de mercado y los principios del libre comercio.
La iniciativa privada acostumbra responsabilizar al sector informal de todos los problemas de la economía mexicana, desde la baja recaudación hasta el estancamiento de la productividad y la falta de seguridad social que afrontan millones de trabajadores. Sin negar el impacto de las actividades irregulares en la precariedad laboral y otros males, dicha perspectiva deja de lado un fenómeno igualmente pernicioso: la simulación generalizada que tiene lugar en muchas empresas formales, donde el registro de los trabajadores con salarios menores a los que realmente perciben, el uso de facturas falsas para hacer deducciones indebidas a sus obligaciones fiscales o el subreporte de ingresos son rutinas que operan en detrimento de las arcas públicas y de los derechos de los empleados. Aunque a lo largo de su vida laboral un trabajador puede incluso considerar un “beneficio” que su patrón cubra parte de su salario sin reportarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque de este modo no se le hacen retenciones para el retiro y la vivienda, el hecho es que el empleador lo condena a una jubilación insuficiente y lo excluye del acceso al mercado de la vivienda. Reforzar el combate a esos y otros malos hábitos parece un buen punto de partida para ampliar la recaudación.
En suma, es urgente concientizar a la población económicamente activa acerca de la importancia y la necesidad de un régimen fiscal que puede parecer una carga en el presente, pero constituye la única forma de garantizar un futuro digno para todas las personas, incluidas aquellas que no cotizaron ante la seguridad social, pero desempeñaron labores fundamentales en el sostén de la economía y la vida familiar y comunitaria, es decir, las personas, casi siempre mujeres, que no ingresaron al mercado laboral por dedicarse a trabajos de cuidados. Para que las clases populares y medias se sumen a este pacto social es imprescindible diseñar un sistema fiscal realmente progresivo, en el cual la mayor carga recaiga en el puñado de ricos y ultrarricos que acaparan la riqueza y los ingresos.
