En la mayoría de los casos de violencia contra periodistas en América Latina, incluido México, llegar hasta una sentencia u otras salidas procesales concluyentes y esclarecedoras lleva muchos años, incluso décadas, de investigación. Durante ese tiempo, con excepción de limitadas ocasiones, las víctimas o sus familiares permanecen en una prolongada incertidumbre sobre el devenir de la lucha contra la impunidad, aseveró la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Destacó también que a la sociedad se le priva del derecho de acceso a la información en el avance de las indagatorias. En 2025, sostuvo, persistió la violencia letal contra periodistas, además de atentados y amenazas: “al menos, 27 fueron asesinados en la región por hechos presuntamente ligados a su labor”.

En una guía que lanzó para la documentación de actuaciones para conocer el avance de las investigaciones, la RELE animó a los estados crear de registros sistematizados que den cuenta de la existencia y el contenido de ciertas actividades adoptadas por las autoridades para indagar y judicializar los delitos.

Indicó que la ausencia de tal mecanismo dificulta que el propio Estado, la academia, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos especializados identifiquen los factores que determinan la baja efectividad de esclarecimiento de esta violencia focalizada y de sanción efectiva a sus responsables, “en oposición con las crecientes acciones de victimización registrados en la región”.

La RELE expuso que si bien la restricción de acceso a la información de las investigaciones de estos ataques es una excepción legítima al principio de máxima divulgación, eso no significa que todo lo que obre dentro de un expediente o actuación de naturaleza penal sea reservado.

Por el contrario, enfatizó, en cada uno de los expedientes hay datos que pueden ser puestos a disposición sin poner en riesgo la indagatoria; por no referirse al contenido de las evidencias o de la teoría del caso, sino a la realización o no de ciertas actividades y diligencias, así como su periodicidad, temporalidad, entre otros.

Podrían divulgarse, señaló, datos relacionados con la dimensión y las capacidades de los recursos materiales y humanos dispuestos para la investigación, herramientas jurídicas, gerencia y planificación, aspectos sobre la recolección de evidencias, peritajes y estudios especializados, no su contenido.

Así, con el fin de sortear las dificultades identificadas, la Relatoría propuso la instrumentación de una bitácora de registro de actividades intermedias, que permita identificar los medios, métodos y actividades desarrolladas.