La falta de regulación integral del cabildeo en México ha dejado la puerta abierta a la captura del poder público y al tráfico de influencias, de acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que busca que se instaure un nuevo marco normativo para transformar una actividad históricamente opaca en un ejercicio de participación democrática clara.

De acuerdo con el documento Cabildeo en México: transparencia y piso parejo, recientemente publicado por la dependencia, aunque entre 2001 y 2025 se han presentado 26 iniciativas legislativas para regularlo, el país aún no cuenta con una norma integral que abarque todas las ramas del Estado.

Como eje central de esta política, la Secretaría Anticorrupción propone la creación de un sistema integral, que considera una plataforma digital avanzada para dar trazabilidad, seguimiento y monitoreo a esta actividad en la administración pública federal.

Este modelo busca que todas las voces puedan ser escuchadas y registradas en una memoria pública, asegurando que el cabildeo no se convierta en un vehículo para la captura de políticas públicas o el favorecimiento de intereses particulares. La secretaría alerta que la falta de normas propicia escenarios de riesgo, como conflictos de intereses y opacidad en la incidencia de actores privados sobre las decisiones gubernamentales, por lo que este sistema es necesario para prevenir el influyentismo y corrupción.

Respecto a los antecedentes, el informe detalla que entre 2001 y 2025 se presentaron 26 iniciativas de ley en materia de cabildeo y propuestas que buscaban reformar reglamentos del Senado, la Cámara de Diputados y la Ley Orgánica del Congreso. Sin embargo, estas sugerencias han fallado por dos razones: la mayoría se concentra sólo en el Poder Legislativo, dejando fuera al Ejecutivo y al Judicial, y la mayor parte no contempla mecanismos de seguimiento ni sanciones por incumplimiento.

Actualmente, el cabildeo se encuentra regulado de forma parcial en el ámbito del Congreso, por medio de los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados, los cuales reconocen la actividad como legítima, pero limitan la obligación de informar sólo a lo que ocurra en su ámbito.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señala que la tendencia internacional se inclina hacia una regulación dura, como ocurre en Estados Unidos, Canadá y Chile, con registros obligatorios y mecanismos para evitar las puertas giratorias.

Según el documento, con un marco legal moderno en México, que prevenga la falta de rendición de cuentas, se podría establecer piso parejo, donde la influencia en las leyes no dependa del poder económico, y en el que se garantice que la toma de decisiones responda siempre al interés general.