Teherán. Al menos seis muertos, incluido un voluntario de la Guardia Revolucionaria, y 30 detenidos fue el saldo de las protestas antigubernamentales en Irán que comenzaron hace cinco días por el deterioro de la situación económica y la crisis energética.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, advirtió a su gobierno que si no atiende las demandas “acabaremos en el infierno”.

En Lordegan, a 650 kilómetros de Teherán, dos civiles perecieron durante enfrentamientos y actos vandálicos, informó la agencia de prensa Fars, que también mencionó importantes daños y la detención de varias personas.

En Azna, provincia de Lorestán, tres personas perdieron la vida en choques contra las fuerzas de seguridad y otras 17 resultaron heridas.

En los enfrentamientos con los manifestantes en Kuhdasht, en el oeste, murió un miembro de la Basij, una milicia paramilitar integrada por voluntarios afiliados a los Guardianes de la Revolución, quien “fue martirizado por alborotadores” declaró Saeed Pourali, vicegobernador de Lorestán, mientras que otros 13 efectivos de la Basij y agentes de policía resultaron heridos, agregó.

Las autoridades iraníes cifraron en 30 los detenidos “por alterar el orden público” en un barrio de la capital, a quienes acusaron de “abusar del derecho de los ciudadanos a protestar e intentar generar inseguridad y perturbar la paz pública”.

La república islámica sufre desde hace años un encarecimiento desenfrenado de los productos básicos y una crónica devaluación de su moneda, el rial, que ha perdido en el último año más de un tercio de su valor frente al dólar.

La hiperinflación de dos dígitos debilita desde hace años el poder adquisitivo de los iraníes. En diciembre, los precios aumentaron 52 por ciento, según el centro iraní de estadísticas.

Son “demandas legítimas”, reconoce el gobierno

Pezeshkian advirtió en un discurso por televisión que “desde un punto de vista islámico, si no resolvemos el problema de los medios de subsistencia de la gente, acabaremos en el infierno”.

El gobierno ha intentado enviar mensajes tranquilizadores, reconociendo las demandas legítimas debido a las dificultades económicas que atraviesa el país.

La fiscalía advirtió que “cualquier intento de transformar las protestas en un instrumento de inseguridad, de destrucción de bienes públicos o de puesta en marcha de escenarios concebidos en el extranjero, obtendrá una respuesta firme”.