El domingo 1º de junio de 2025, en un hecho inédito a nivel nacional e internacional, fueron electos por voto popular en México 881 juzgadores, con reglas constitucionales y legales imperfectas y contradictorias, dicho así por los responsables de preparar y calificar la contienda.

Al final, estos comicios se hicieron también frente a una férrea oposición de integrantes del propio Poder Judicial.

El segundo episodio de este ejercicio será en 2027, para elegir a la segunda mitad de los jueces y magistrados federales, y de la estructura judicial local en 13 estados de la República.

En principio, consejeros y magistrados electorales plantean que la contienda de jueces no debería realizarse el mismo día que la elección de los otros poderes porque ese año no sólo habrá renovación de la Cámara de Diputados, sino además en las 32 entidades federativas, incluidas 14 gubernaturas.

Y por lo demás, el reto de organización sería mayúsculo para las autoridades electorales y se abonaría al hartazgo ciudadano, consideran.

Ante ello sugieren cambios legales y logísticos, a fin de motivar a los votantes, pues en la primera elección judicial sólo sufragó 13 por ciento del padrón y se registró un alud de impugnaciones en contra de todas las etapas del proceso extraordinario, precisamente por los yerros del marco normativo.

Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ponente en proyectos de sentencia medulares de esta nueva elección, impulsó la realización de la misma bajo el argumento de que el mandato constitucional debía cumplirse obligadamente, pero al mismo tiempo apuntando críticas a la confección original.

“El tribunal entrega buenas cuentas a la ciudadanía porque la misión se completó; no había un punto de referencia en el mundo para una elección de este tamaño y de esta complejidad tratándose de cargos judiciales.

“Se hizo teniendo muchas cosas en contra, teniendo una legislación sumamente imperfecta, vacíos y huecos constantes que lo único que hacían era poner en evidencia que las personas que la redactaron no conocen el derecho electoral”, dijo en entrevista.

Lamentó, sin embargo, que se haya trasladado de esa manera la responsabilidad de las decisiones al Instituto Nacional Electoral y al TEPJF, cuyos integrantes fueron avanzando como pudieron, sin tener un punto de referencia nacional o internacional. Igualmente, frente a la oposición de “buena parte” de la opinión jurídica mexicana, porque muchos de los jueces y magistrados iban a perder su carrera judicial, su proyecto de vida, así como a integrantes de barras de abogados y universidades.

–¿Cuáles son las principales fallas de la norma?

–Hubo muchísimas; tendríamos que escribir un libro al respecto. Por ejemplo, fue pésima idea crear tres comités de evaluación y cada uno con sus propias reglas de idoneidad (de aspirantes a candidatos); también fue pésima idea la tómbola porque no le dio certeza a nadie y generó la idea de que jueces y magistrados iban a ser seleccionados por el azar y no por méritos. Quizá hubiera sido razonable que a los candidatos les aplicaran un examen en la Escuela de Formación Judicial y, con base en ello, pasaran a la siguiente ronda los que tuvieran cierto puntaje.

–¿Qué otro elemento destacaría?

–Como está diseñado el sistema en la Constitución y en la ley respectiva, iba a ser casi imposible realizar la elección porque en Ciudad de México, por ejemplo, votaríamos por 200 jueces de distrito, y si iba a haber nueve candidaturas por cada una, imagínese una boleta con mil 800 nombres. ¡Era una locura! La geografía electoral no era compatible con los circuitos judiciales.

“Otro punto fue el tema de la elaboración de las boletas inéditas; se hizo lo que se pudo con lo que había. Esta fue la elección con mayor número de boletas, se imprimieron 600 millones, lo cual hizo más complejo el voto.”

Afirmó que la elección se llevó a cabo de forma satisfactoria, conforme a derecho, “pero nos deja muchas dudas porque la legislación se sacó de manera muy veloz, sin reposar las ideas, sin buscar mejores soluciones a través del diálogo. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que alguien se postulara para ser magistrado de colegiado sin antes haber sido juez de distrito?”, señaló.

–¿Qué prioridad se debería adoptar para una eventual reforma electoral, rumbo a la elección de 2027?

–Mucho de esto necesita una reforma constitucional para poderse mejorar; los políticos creen que como contienden ya saben de derecho electoral, es como si yo dijera: ‘sé de cardiología porque voy al cardiólogo desde hace 30 años’.

–¿Qué logró modificar la Sala Superior?

–Hacer que normas bastante imperfectas pudieran tener aplicación. El INE y el TEPJF frente a contradicciones, errores e imperfecciones, con un galimatías en el tema de paridad (de género), hicimos la elección de manera satisfactoria, y creo que se logró; sin embargo, confío que esta experiencia sirva para que la de 2027 sea una mejor elección.