Concebido como uno de los proyectos más ambiciosos de la actual administración, la construcción de 1.8 millones de viviendas populares implica más que un programa social, pues representa un viraje en la política habitacional, sostiene la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel.

Durante el periodo neoliberal, la vivienda se convirtió en una mercancía de la que muchos desarrolladores inmobiliarios obtenían altos rendimientos financieros, con proyectos, en algunos casos, inviables; actualmente, en cambio, se concibe como un derecho que el Estado debe garantizar.

En su valoración, el modelo neoliberal trastocó este sector y pervirtió los objetivos sociales de los organismos de vivienda, que trabajaban en gran parte privilegiando los intereses de los desarrolladores inmobiliarios. La prioridad dejó de ser la calidad de la vivienda para concebirla como una mercancía y, en muchos casos, de muy mala calidad, por lo que algunos proyectos derivaron en “resultados catastróficos”.

En entrevista con La Jornada, la funcionaria afirma que fue un periodo en el que ya no se consideraba negocio construir casas con una superficie mayor a 40 metros cuadrados, “porque entonces entraban los cálculos sobre los rendimientos y esquemas financieros. Tampoco importó dónde estuvieran ubicadas, porque el objetivo central eran las ganancias del desarrollador, en un esquema en el que sólo se hablaba de clientes y productos, no de personas y derechos”.

–¿Hubo corrupción en la autorización de esos proyectos que eran inviables?

–Hay un dicho: no tengo certezas, pero tampoco dudas. En ese tipo de obras no hay otra manera de explicarlas que no sea a través de actos de corrupción. La normatividad para la edificación es muy estricta. Desde la propia construcción, los lugares donde se aprobó levantar miles de viviendas sin ninguna factibilidad de servicios, o donde existen fallas geológicas o posibilidad de deslaves. Al punto de que algunas definitivamente se tienen que demoler. Es evidente que no se pudo construir sin la complicidad de distintos organismos.

A partir del sexenio pasado se comenzó a esbozar un cambio en la política habitacional, pero es especialmente en esta administración cuando se da una modificación sustancial. Con el Plan de Vivienda para el Bienestar se transforman radicalmente los objetivos: construir 1.8 millones de viviendas focalizadas en personas cuyos ingresos oscilan entre uno y dos salarios mínimos. Serán casas con un mínimo de 60 metros cuadrados, ubicadas en zonas urbanas con factibilidad de servicios y abarcarán no sólo a derechohabientes del Infonavit y del Fovissste, sino también a población abierta.

Vega Rangel subraya que el Plan de Vivienda para el Bienestar tiene dos componentes fundamentales: la construcción masiva de viviendas para contribuir a dinamizar la economía con una alta generación de empleo (razón por la cual pasó de 1.2 millones en el proyecto original a 1.8 millones) y garantizar el acceso a la vivienda a sectores populares cuyos ingresos no les permiten otras opciones.

El programa involucra a los tres organismos públicos de vivienda: el Infonavit, con un papel central, pues construirá 1.2 millones de viviendas; el Fovissste, que aportará 100 mil, y la Comisión Nacional de Vivienda, que ha pasado de ser una institución rectora del ramo a participar directamente en la construcción de viviendas, con 500 mil unidades.

Aunque ya están en proceso, en diversas fases, 390 mil casas, físicamente se encuentran terminadas poco más de 6 mil. Se estima que en el primer trimestre del año se entregue la mayor parte, con independencia de la meta fijada para 2026.

El arranque del programa debió enfrentar su mayor desafío: conseguir la reserva territorial. Este será –anticipa la secretaria– uno de los factores más importantes que eventualmente podrían incidir en el programa. Destaca que ha sido clave la coordinación con los gobiernos estatales y municipales, no sólo para aportar dicha reserva, sino también para agilizar trámites y acortar los tiempos de desarrollo de los proyectos.

Revertir el rezago habitacional

–¿Hay mucho rezago de vivienda?

–Desde hace muchos años se mide en dos grandes categorías. Una es el rezago habitacional, que se evalúa en función de los materiales con los que está construida la vivienda: piso, techo y paredes, así como las condiciones de habitabilidad. Para 2018 se calculaba en 9 millones 300 mil viviendas en condición de rezago. Lo realizado en la pasada administración permitió reducirlo y ahora se ubica en poco más de 8 millones, dentro del parque habitacional existente.

Con el Plan de Vivienda para el Bienestar se pretende reducir aún más esta situación. Se tiene calculada una densidad de alrededor de 120 viviendas por hectárea, aunque en estados como Tamaulipas y Yucatán se solicitó que fueran casas de un solo piso, dadas las condiciones de vida.

Una parte medular del plan la llevará a cabo el Infonavit, institución que atraviesa una profunda restructuración administrativa y operativa para revertir el modelo que se le impuso durante el periodo neoliberal. Originalmente, fue concebida para satisfacer la demanda de vivienda de los trabajadores, lo que dio origen a grandes conjuntos habitacionales construidos en las décadas de los 70 y 80.

Con las políticas neoliberales se modificó su sentido original hasta convertirla “en una institución prácticamente financiera, en la que todo giraba en torno al recurso, la cotización en la banca internacional, y donde lo que menos importaba era la vivienda para los trabajadores”.

Vega Rangel asevera que esta transformación del Infonavit contempla incluso que sea un organismo constructor de vivienda, en paralelo a las alianzas que mantiene con desarrolladores inmobiliarios. La reforma que permitirá al Infonavit contar con una constructora no implica desplazar a la iniciativa privada, sino complementarla. No será una megaempresa; “fue un gran logro acotar y retomar la función que dio origen al Infonavit”.

En esta estrategia, el Infonavit está realizando alianzas muy favorables con constructores que aportan su reserva territorial. Sin embargo, en esta nueva etapa es el instituto el que define las prioridades sobre dónde y bajo qué condiciones se construye, a diferencia de lo que ocurría antes de 2018, cuando eran los propios desarrolladores quienes las establecían.

–¿Se perdió la rectoría de la política de vivienda y se le cedió a la iniciativa privada?

–Sí, como en muchos otros temas durante el periodo neoliberal. Todo se convirtió en negocio: la vivienda, el agua y muchos otros ámbitos. Eso le ocurrió al Infonavit. El tema financiero estaba por encima de todo y, en ese contexto, se privilegiaba la manera de apoyar a los desarrolladores inmobiliarios. Por ello se permitió construir en zonas alejadas, sin factibilidad de servicios. El resultado fue catastrófico en muchos casos, ya sea por el abandono de las viviendas o porque la calidad de vida de quienes las habitaban era muy precaria. Otra consecuencia fue que numerosos créditos otorgados en esas condiciones cayeron en cartera vencida.

El Infonavit es financieramente sano

La restructuración emprendida en el Infonavit ha generado un cambio sustancial, pues actualmente cuenta con una situación financiera muy favorable. Al tratarse de un fondo sustentado en las aportaciones de trabajadores y empresarios, sus recursos se han incrementado de manera importante por varias razones: la política salarial, que ha favorecido un aumento sostenido de los ingresos de los asalariados, ha elevado las aportaciones, y el organismo ha reducido gastos burocráticos y de otros rubros.

A partir de esta solidez financiera, el Infonavit ha podido avanzar en otra vertiente de su nueva orientación: revertir los excesos en las condiciones de crédito impuestas durante el periodo neoliberal, que en muchos casos resultaron impagables. “Esta situación financiera ha permitido absorber la corrección de créditos considerados impagables en beneficio de miles de derechohabientes”. Sin embargo, Vega advierte que, contrario a las críticas formuladas, esta medida “no pone en riesgo la situación financiera del Infonavit. Es una falacia pensar que, porque se condonaron créditos, el organismo perdería recursos. Esto es totalmente falso. Se trata de hacer justicia con la gente que ya pagó dos y hasta tres veces su crédito”.