n tercer buque que transportaba petróleo venezolano estaba siendo hostigado ayer por fuerzas militares estadunidenses. Aunque algunos medios dieron por hecho que la nave ya había sido abordada e incautada –como lo fueron el Skipper, registrado en Guyana, y el Centuries, de bandera panameña, el 10 y el 20 de este mes–, tal información no había sido confirmada al cierre de esta edición.
Como en los casos anteriores, la Casa Blanca afirmó que el barco pertenece a una “flota fantasma” compuesta por embarcaciones venezolanas que operarían con banderas falsas “para traficar petróleo robado” y con la cobertura de empresas que se encuentran bajo sanciones de Washington, aunque no está claro que los tres buques se encuentren en ese supuesto.
Al margen de los muy precarios alegatos legales estadunidenses, resulta evidente que es Estados Unidos el que ha estado perpetrando por esta vía el robo de petróleo venezolano y violentando, de paso, las leyes comerciales y marítimas internacionales.
No debe olvidarse que la serie de secuestros de buques petroleros fue antecedida por los ataques injustificados en contra de pequeñas lanchas, tanto en el Caribe como en el Pacífico, que representan ya cerca de un centenar de asesinatos. Aunque Donald Trump asegura que las embarcaciones agredidas eran empleadas para transportar estupefacientes destinados al mercado estadunidense –incluso fantaseó con una cifra de “vidas estadunidenses salvadas” gracias a esos ataques marítimos–, la Casa Blanca no ha aportado ninguna prueba de tales dichos, y hay testimonios de sobrevivientes y de deudos de las víctimas que indican que en realidad éstas se dedicaban a la pesca.
Incluso si el argumento de Washington fuera cierto, las fuerzas del orden de los países de la región –incluidas la Marina mexicana y la propia Guardia Costera de Estados Unidos– tienen una larga experiencia en la intercepción, el abordaje y la detención incruenta de presuntos narcotraficantes en altamar, por lo que el bombardeo de embarcaciones indefensas y precarias es un acto de barbarie y un crimen sin atenuantes.
Para la administración estadunidense, el secuestro de petroleros tiene un doble beneficio: por un lado, el hurto de grandes cantidades de crudo, y por el otro, afectar la economía venezolana, cuyas exportaciones del hidrocarburo se han reducido significativamente desde que empezaron estos abordajes. En cuanto a los homicidios de tripulantes de pequeñas lanchas, es claro que no tienen efecto alguno en el trasiego de drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos.
Pero, vistas en conjunto, ambas clases de acciones envían un mensaje inequívoco: la legalidad internacional ha dejado de tener vigencia en los mares –al menos, en los de América–, que ha sido remplazada por la fuerza de la flota naval más poderosa del mundo, y que por medio de ella, la piratería está de regreso.
