na balacera en la colonia Cuauhtémoc de la alcaldía homónima puso al descubierto una presunta red de extorsión. Bajo la fachada del ejercicio legal, un grupo de litigantes operaba una estructura criminal dedicada al despojo inmobiliario y la extorsión mediante un modus operandi que combinaba el fraude procesal –con la fabricación de juicios simulados y la falsificación de escrituras notariales– y la violencia directa, coordinando a grupos de choque para ejecutar desalojos forzosos e intimidar físicamente a las víctimas.
Esta organización no sólo usurpaba predios mediante artimañas jurídicas, sino que sometía a los legítimos propietarios a amenazas constantes para exigirles pagos millonarios a cambio de detener el hostigamiento o liberar los inmuebles invadidos. Asimismo, según denunciantes, usaba a su personal para montar manifestaciones falsas a fin de amedrentar a empresarios a las afueras de tribunales y juntas de Conciliación y Arbitraje. De los testimonios se colige que el grupo delictivo ha operado durante años sin que hasta ahora se hiciera pública su responsabilidad en multitud de ilícitos, incluso cuando los mismos –como las protestas orquestadas– se llevaban a cabo a la luz del día y frente a las autoridades.
Estas revelaciones obligan a reflexionar acerca de los eslabones del crimen organizado que operan bajo apariencia de legalidad e incluso en el seno de las instituciones, y sin los cuales sería imposible consumar los delitos o inyectar en la economía formal el producto de ellos. El despojo de inmuebles resulta paradigmático en este sentido, pues los golpeadores que ejecutan las ocupaciones o desalojos de predios y edificios representan sólo el inicio o el final de una cadena de colusiones que integra a agentes de Ministerio Público, jueces, actuarios de tribunales, notarios, funcionarios del registro de la propiedad, policías y otros actores sin cuya complicidad de acción u omisión no podrían efectuarse estos crímenes. La magnitud de las redes criminales se refleja en el hecho de que, sólo en la Ciudad de México, 11 inmuebles son despojados a sus dueños cada día y apenas un 30 por ciento de los propietarios logra recuperar su patrimonio.
En lo que respecta al ámbito laboral, es bien conocida la existencia de los denominados sindicatos blancos o de protección, grupos mafiosos que usurpan a los trabajadores la titularidad de los contratos colectivos a fin de imponerles condiciones lesivas, bloquear la organización legítima y conculcar derechos. Aunque las reformas en materia de transparencia sindical apuntan a recuperar la democracia gremial, dicha lacra se encuentra lejos de ser erradicada y la detección del grupo referido ofrece una oportunidad para desmantelar las redes que atentan contra la libertad y el patrimonio de trabajadores y empresas.
En las dos vertientes delictivas analizadas: el despojo inmobiliario y la extorsión laboral, el número de carpetas contrasta con la baja judicialización de los expedientes e impartición de justicia. Por ejemplo, de 21 mil denuncias por despojo en el sexenio pasado, apenas uno de cada 100 bienes robados fueron restituidos a sus dueños. Queda claro que urge acelerar y reforzar las modificaciones legales propuestas en la capital del país, así como extenderlas a otras entidades, a fin de terminar el contubernio de despachos, notarios, togados y otras figuras con poder jurídico y económico que abusan de sus facultades para enriquecerse legitimando actos de fuerza.
Para que el saneamiento tenga éxito, es indispensable investigar a fondo las redes de tráfico de influencias que les permiten actuar de manera impune.
