La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados propuso una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), para constituir una instancia especializada en delitos contra adultos mayores, en un contexto de incremento de violencia a ese sector de la población.

En la iniciativa citó que, según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2022, 31 por ciento de los adultos mayores en México ha sufrido algún tipo de maltrato, sobre todo físico, económico y sicológico. Refirió también que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado un aumento sostenido en denuncias por abandono, despojo patrimonial y violencia intrafamiliar.

“En Nuevo León, la violencia contra las personas adultas mayores es una problemática alarmante que requiere atención urgente”, destacó el diputado Eduardo Gaona en su propuesta.

También mencionó que, según datos del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, 7.6 por ciento de este grupo de edad han sido víctimas de algún tipo de violencia, y del total de casos, las más comunes son despojo de bienes, con 64.1 por ciento; robo de dinero, 24.2, y maltrato físico, 15.5 por ciento.

“Además, 48.9 por ciento de este grupo poblacional considera que es poco o nada valorado, y 42.7 por ciento siente que es una carga para su familia. Estos datos reflejan una grave situación de vulnerabilidad y desprotección que demanda una respuesta institucional efectiva y coordinada.”

Afirmó que la vejez representa una etapa de vulnerabilidad progresiva, que requiere respuestas institucionales específicas que garanticen el acceso a la justicia, la reparación del daño y la prevención de delitos, y que en ese sentido una fiscalía especializada permitiría centralizar denuncias, capacitar peritos en gerontología, sicólogos del envejecimiento y derechos humanos, así como definir medidas cautelares oportunas en casos de violencia familiar, abandono o despojo patrimonial.

“La protección de las personas adultas mayores no puede seguir siendo un tema periférico. La violencia hacia este sector vulnera los principios de dignidad, igualdad y justicia que sustentan el Estado mexicano”, concluyó.