Puebla, Pue., De 2 mil 675 carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) entre 2017 y abril de 2025, por el delito de tortura, tratos y penas crueles inhumanas y degradantes, se han dictado siete sentencias, pero sólo una ellas se encuentra firme y el resto están en apelación, con la posibilidad de no ser ejecutadas, según datos del Poder Judicial.

De acuerdo con solicitudes de información de La Jornada de Oriente, las 2 mil 675 investigaciones de la FGE comprenden el registro de 3 mil 919 víctimas que denunciaron haber padecido intento de asfixia o ahorcamiento con bolsas de plástico, baldes de agua o la introducción de objetos en boca y nariz, así como aplastamiento de extremidades, golpes brutales, descargas eléctricas y cortaduras en órganos sexuales, revisiones vaginales o anales, desnudez forzada e intento de violación.

También se incluyeron en las pesquisas métodos sutiles para causar daño con la menor evidencia física como obligar a las personas a comer excremento a cucharadas, encierros prolongados y sometimientos a angustia, acciones que habrían sido ordenadas, permitidas, auspiciadas, animadas o pagadas por funcionarios de corporaciones policiacas, encargados de procuración de justicia e incluso de autoridades municipales.

Ángel M. Salvador Ferrer, consultor en la Organización Mundial contra la Tortura y coordinador de Prevención de la Tortura en la organización Documenta, consideró que las cifras revelan que esta conducta es frecuente y además contradicen el discurso de una política de antitortura y de respeto a los derechos humanos.

“A pesar de que oficialmente se sostiene que la tortura es un fenómeno erradicado, existe evidencia de que ésta es una práctica que se sostiene en lo cotidiano”, sostuvo. Resaltó que las cifras en Puebla son similares a las del resto del país, lo cual refleja un alto nivel de impunidad y falta de voluntad política para extinguir este crimen.

Integrantes de organizaciones que han visibilizado el ejercicio de la tortura en México señalan que este hecho evidencia la expresión más pura de la impunidad, pues aunque existe el marco normativo, este delito no se castiga.

El delito que no desaparece

La estadística de los últimos ocho años –elaborada luego de que junio de 2017 se publicó de la Ley General contra la Tortura—, demuestra que en promedio ocurrió un acto diario de este tipo hasta 2025.

Documentos en poder de La Jornada de Oriente señalan que de las 2 mil 675 carpetas de investigación, 45 por ciento se concentra en los años 2018-2021, destacando éste último, cuando se abrieron 364 carpetas.