Autoridades federales detuvieron a Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, señalado por el gobierno federal de haber participado en la red de corrupción que realizó el desvío de más de 5 mil millones de pesos que estaban destinados al mantenimiento y obras de las prisiones federales durante la gestión del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Pérez Rodríguez forma parte del grupo de 60 personas que han sido señaladas de participar en la red de corrupción, y en contra de quienes se libró una orden de aprehensión, en la que se les acusa, dentro del total de los recursos desviados, de haber realizado operaciones financieras por 2 mil 950 millones de pesos para ocultar el origen mediante facturas falsas y los movimientos de recursos a través de empresas “fachada” relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, cónyuge de la conductora de televisión Inés Gómez Mont.

El Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refiere que la detención de Pérez Rodríguez ocurrió el jueves pasado, sin especificar a dónde fue trasladado o puesto a disposición de un juez federal.

Sin embargo, desde diciembre de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo orden de aprehensión por resolución de un juez federal con sede en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México.

En la ficha emitida por el RND se señala que el detenido tiene las siguientes características: “masculino, estatura aproximada de 1.63 metros, tez morena clara, barba, cabello entrecano; pantalón mezclilla, playera vino, chamarra café, botas grises, gorra café, sin tatuajes visibles”.

Sobre este caso, en diciembre de 2023 fueron detenidos Gloria García Luna y Édgar Anúar Rodríguez García, hermana y sobrino del ex secretario García Luna y ambos enfrentan proceso penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Los registros del Ministerio Público Federal refieren que integrantes de la familia de García Luna y ex funcionarios de la extinta Secretaría de Seguridad Pública realizaron triangulaciones financieras –además de Álvarez Puga–con los empresarios estadunidenses Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, a quienes se les adjudicaron obras y servicios no cumplidos o no entregados.